Opinión

Lecciones peruanas

 
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Keiko Fujimori. (Reuters)

Poco después de conocerse los primeros resultados de encuestas de salida, los candidatos perdedores reconocían el resultado y resaltaban la importancia de cuidar la institucionalidad de la democracia peruana.

Verónika Mendoza, la candidata 'radical' de izquierda, quien obtuvo el tercer lugar –tan sólo tres puntos detrás de Pedro Pablo Kuczynski– razón por la que no pasará a la segunda vuelta, agradeció a sus seguidores sin aceptar, pero tampoco rechazar, el resultado: una forma amable de aceptar sin decirlo.

Las campañas políticas estuvieron llenas de incidentes. De 19 candidatos a la presidencia que iniciaron la contienda, sólo llegaron diez a la jornada electoral. Dos de ellos fueron excluidos por razones muy controvertidas: Julio Guzmán y César Acuña.

Apenas en enero se modificó la ley electoral y se introdujeron cambios ya iniciado el juego. Cambios superfluos que no van al fondo de los problemas pero que introdujeron mucha incertidumbre. Uno de ellos fue la nueva prohibición de dar dádivas durante los procesos electorales que dio lugar justo a la descalificación de Julio Guzmán. La candidata ganadora, Keiko Fujimori, también fue acusada de ello pero su descalificación no prosperó.

El sistema electoral peruano tiene otras deficiencias: un financiamiento público que no funciona porque la ley dice que depende de las previsiones presupuestarias y de las condiciones de la economía nacional. Como resultado, esta campaña fue financiada exclusivamente con fondos privados. Asimismo, el sistema de control de donaciones y de gasto es muy laxo (once partidos no entregaron reportes de ingresos y gastos en este proceso electoral y ello ocurre porque no hay sanciones reales). Por otra parte, un sistema sumamente débil de partidos políticos –muchos de ellos regionales y otros son propiedad literalmente de políticos que los crean y usan para su promoción personal.

Chéquese el nombre de algunos partidos para intuir su carácter pasajero y mercadológico: Peruanos por el Kambio (inscrito en 2015 y con las mismas siglas que su candidato presidencial, Pedro Pablo Kuczynski); Fuerza Popular (partido creado en 2010 por fujimoristas para postular a Keiko Fujimori y cuyo logo es la letra “K”); y Partido Nacionalista Peruano (partido que llevó al poder al actual presidente Ollanta Humala en 2011, fundado en 2006 por él mismo y que prácticamente quedó olvidado en las elecciones de este año).

Pero a pesar de ello la elección presidencial fue exitosa por el factor más relevante que da legitimidad: la aceptación de los resultados –y del proceso político en general– por parte de los perdedores. Ese factor simbólico unifica criterios, decanta críticas y permite que al menos la noche de la elección haya un criterio unificador: el de una democracia que para prevalecer requiere de la aceptación tácita de sus principales jugadores, a pesar de que a la mañana siguiente reinicie el pleito cotidiano de la política.

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Tuve la oportunidad de ser miembro de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA). Como responsable de evaluar el sistema de organización electoral, pude constatar que se trata de un sistema robusto para la logística de una elección de 22 millones de electores. Cuentan con una ventaja que no tiene México: el voto es obligatorio y el sorteo para ser funcionario de casilla se hace entre aquellos de mayor escolaridad, lo cual facilita la capacitación y reduce los errores en la contabilidad de los votos.

Asimismo, se paga multa si se declina la obligación de fungir como responsable de la votación en casillas. Como resultado, la participación en las elecciones ronda 83.8 por ciento por ciento y prácticamente todos los sorteados como funcionarios de mesa acuden el día de la jornada.

Regreso a México con dos lecciones, una de las cuales podría mejorar el desempeño del sistema electoral mexicano, reitero, para alcanzar la meta política más relevante de cualquier sistema electoral que es la aceptabilidad de la derrota: la segunda vuelta electoral. La otra ayudaría a mejorar el desempeño y contener los costos y los riesgos del sistema de organización electoral en México: la obligatoriedad para votar y para fungir como funcionario de casilla.

La segunda vuelta electoral no garantiza la aceptabilidad de la derrota, pero ayuda. Cada vez que observo los países donde existe tal mecanismo me convenzo más de que es una tendencia global y un mecanismo intermedio para dos fines: procesar elecciones muy competidas y dotar al electorado de una fase adicional de reflexión para definir quién los debe gobernar.

Respecto al voto obligatorio, me parece que debe meditarse. Voto obligatorio no significa voto responsable, pero sí reduce enormemente los costos relativos de organizar una elección. La semana pasada Lorenzo Córdova, presidente del INE, recordó un problema creciente del sistema mexicano que es el rechazo creciente para ser funcionario de casilla. En un sistema en el cual las funciones electorales de los ciudadanos no son obligatorias, la tasa de rechazo es muy alta y se encarece enormemente el costo y el tiempo para organizar una elección, al extremo de que en el futuro cercano podemos enfrentar el riesgo de que haya casillas que no puedan operar por la falta de funcionarios.

​Twitter: @LCUgalde

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