Opinión

Lecciones de la Madre Patria

Apenas culminada la sucesión de la Corona española, el debutante reinado enfrenta su primera prueba en el seno de la propia familia real. La hermana del monarca ha sido acusada por un juez de fraude fiscal y lavado de dinero.

Desde luego que a la imputación deberá seguir el correspondiente proceso judicial que culminará en una sentencia. Inocente o culpable, según lo determine la justicia de ese país, lo que subyace al caso es la aplicación de la ley, sin mayores miramientos y en atención a la probable comisión de delitos, no obstante que se trate de un miembro de la casa real.

Casos similares se han registrado en otros países como Inglaterra, Francia y Alemania en años recientes, que han involucrado a miembros de la monarquía o de la alta clase política y que dan cuenta de la aplicación de la ley sin importar la condición o relevancia de los personajes implicados, presuntamente, en actos de corrupción.

Países como estos, con elevado nivel de desarrollo, se caracterizan también por un alto grado de eficacia en la acción de la justicia, de respeto y equidad en la aplicación de la ley en los casos de infracción en cualquier segmento de la sociedad, esto es, un real Estado de derecho, en el que las sanciones correspondientes son no sólo el consecuente castigo para el infractor, sino efectiva medida disuasoria para la potencial comisión de delitos por parte de otros.

Por el contrario, sociedades tradicionalmente laxas en sus procedimientos judiciales, con alto grado de tolerancia al delito y pobre eficacia en la procuración e impartición de la justicia, alientan la impunidad e incentivan la corrupción, particularmente en las altas esferas del poder político, económico o social, donde la simulación, el encubrimiento y la connivencia son aliciente de la acción criminal y factores determinantes de inseguridad, incertidumbre e inestabilidad.

La circunstancia de México no dista mucho de esta realidad. Nuestro sistema de justicia es a todas luces ineficaz, los niveles de impunidad se acercan al cien por ciento, gran incentivo para todo tipo de delitos. No extraña, entonces, el alto índice de violencia criminal, fraudes millonarios o colusión de autoridades con la delincuencia, notas cotidianas en los medios que a nadie sorprenden, ante la insensibilidad generada por la habituación a su recurrencia, sumada a la ausencia de castigo.

Nuestro país está inmerso en un inusitado proceso de reformas políticas, legales y económicas que se nos han ofertado como la solución a los graves rezagos, atraso e inmovilidad, ante un mundo de cada vez más alta competencia y dinamismo. Han surgido voces que cuestionan las ventajas reformadoras y advierten de serios riesgos a la soberanía nacional. Lo que en realidad alimenta el rechazo es la convicción de que las reformas proveen el ambiente necesario para que, con lo público, se generen jugosos negocios privados que, como en otras épocas, sólo beneficiarán a un selecto y prominente sector de la sociedad.

La desconfianza es patente y no carente de sustento. Purificación, aún desde la izquierda, ya no puede purificarse; han quedado expuestas sus reales motivaciones, la lotería reformista le ofrece un espacio de enriquecimiento al igual que a muchos otros próceres de la patria.

Las lecciones de la Madre Patria, juzgando el proceder de sus más preclaros hijos por actos contrarios a la ley, deberían ser tomadas muy en cuenta por nuestra clase política, en muchos sentidos más regia y dinástica que muchas monarquías, pero sobre todo por la sociedad, en todo caso receptora, beneficiaria o víctima de su proceder.

El autor es analista político, coordinador de la licenciatura en Inteligencia de la Universidad Anáhuac Norte.

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