Opinión

Lealtad a México, ¿y para el Ejército?

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Toluca Ejército. (Cuartoscuro)

Febrero significa el mes de un valor consustancial y distintivo del Ejército Mexicano: la lealtad institucional proclamada y reiterada como el valor de más alto compromiso con el pueblo y gobierno, sentimiento que alienta a todos los soldados de tierra, mar y aire, a cumplir a cabalidad con las misiones asignadas y que da timbre de orgullo el trabajar para y en beneficio de la población de la cual proviene.

La lealtad así concebida por las Fuerzas Armadas es el valor preponderante y amalgama todos los demás como el honor, disciplina, honradez, espíritu de cuerpo, patriotismo, abnegación y valor.

Retomo las palabras del general secretario de la Defensa expresadas con motivo del 102 aniversario del Ejército Mexicano: “…es obligación y exigencia de todos, sin excepción, respetar la ley, los preceptos jurídicos y las decisiones jurisdiccionales…”. Y así es, no se puede entender que se presuma vivir en un Estado de derecho, cuando cotidianamente se otorgan excepciones a la aplicación de la ley, como ya se hace, particularmente en Guerrero y Oaxaca.

Entidades en donde la autoridad en vez de aplicar la ley, la negocia, sin mayores tapujos y llegando en ocasiones al intercambio de prisioneros como si fuera una situación bélica y, peor aún, salir ante los medios a justificar lo que evidentemente no se puede ni debe permitir, dando la imagen de un gobierno atado de manos e incapaz para poder actuar conforme a derecho.

Resulta triste y penoso ver estos sucesos donde contrasta la timidez oficial contra el abuso de los provocadores que no escatiman ocasión para ejercer el derecho a manifestarse con pleno uso de la violencia, de tal manera que estos embozados hacen gala del monopolio de la fuerza que otrora correspondía a la autoridad para proteger a la ciudadanía, a la propiedad, a las instituciones y para imponer la ley que preserve el orden público.

Al mismo tiempo que esto ocurría, en Chilpancingo se daba una agresión más a las instalaciones militares con el agravante de que también la unidad habitacional fue objeto de ésta, donde viven familias de los militares (quienes al parecer no tienen derechos humanos) por parte de la turba provocadora que arribó en autobuses secuestrados desde hace cinco meses ante la pasividad de la autoridad y no hay más que estar de acuerdo con los empresarios que se retiran de ese estado para poder garantizar la vida de sus empleados y de sus bienes, ya que como dicen esa es tierra de nadie, aunque todos sabemos quiénes mandan ahí, ante la indolencia de los responsables de aplicar la ley.

Reitero lo obvio: todas estas acciones coordinadas por los transgresores de la ley y sus simpatizantes no tienen absolutamente nada que ver con los 43 desaparecidos; el abuso que hacen los encapuchados cada vez se aleja más de tener un real sentimiento que justifique esa violencia provocadora.

El mismo día 19 de febrero en este periódico se publicó un artículo donde se hace alusión a que la actuación del Ejército Mexicano en las calles lo hace sin el debido respaldo jurídico y esa es una tarea pendiente, ya que desde el involucramiento directo de las Fuerzas Armadas en 2007 para combatir a la delincuencia organizada ha sido una constante de los institutos armados el procurar contar con la certeza legal al apoyo institucional que otorgan a las policías en sus tres niveles de gobierno.

Pero qué tal observamos en diferentes medios de difusión y espectaculares los “logros” que los partidos políticos se ufanan en haber alcanzado, pero no se dan oportunidad los legisladores para otorgar el debido y necesario sustento legal para que soldados y marinos puedan actuar con certeza jurídica de la responsabilidad encomendada; a este asunto, que es trascendental por sus efectos, no le dan la importancia debida. Mucho se lograría el tenerlo pues quitaría banderas y motivos para que diferentes organismos y uno que otro personaje dejarán de rasgarse las vestiduras, al quedar sin ambigüedades jurídicas o interpretativas la participación de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada.

Esperemos que en un futuro, aunque lejano y si todavía queda país que defender, sea expedido este mandamiento, lo cual sería una manifestación de lealtad a las Fuerzas Armadas.

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