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Mujer con smartphone

Finalmente, el jueves pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la controversia constitucional relativa a la portabilidad numérica, controversia iniciada por el Senado de la República en contra del exceso en el ejercicio de facultades realizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al emitir la regulación derivada del mandato que surgía de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La Corte resolvió que el IFT actuó apegado a la ley y por tanto no concedió la razón al Senado. Hubo quienes de inmediato, sin mayor reflexión, se vanagloriaron del resultado. No obstante, lo más importante del asunto se ganó para el Senado y, más ampliamente, para el Congreso de la Unión y el Estado de derecho.

En el fondo, en este asunto no estaba en juego la autonomía del IFT sino si tal órgano regulador estaba obligado a ajustar sus actos a las leyes federales que emitiera el Congreso. Se trataba de establecer un límite legal al IFT y la Corte, para bien del Estado de derecho, lo estableció.

La decisión mayoritaria de los ministros de la Corte fue en el sentido de que el IFT, como órgano constitucional autónomo, tiene límites y no debe haber contradicción entre su facultad regulatoria y los mandatos de la ley. Destacan las opiniones del ministro Zaldívar y la ministra Luna Ramos:

Al Congreso le corresponde establecer y desarrollar estos derechos, los cuales no pueden ser frustrados por el órgano regulador; de tal manera que… el órgano regulador tiene una autonomía bastante grande para precisamente regular el sector de las telecomunicaciones a través de estas disposiciones administrativas de carácter general, pero estas disposiciones no se dan en el vacío, se tienen que dar conforme a lo que establece la Constitución y las leyes.

El artículo 28 constitucional da una facultad regulatoria, pero una facultad regulatoria que no es autónoma, … se da en la medida de la competencia que se establece en la propia Constitución y en las leyes...

Ese es el verdadero éxito del Congreso -y el de la certidumbre que se logra cuando la autoridad se ajusta a la ley previa-, en contra de la opinión de algunos comisionados del IFT e, incluso, de algunos ministros de la Corte, que en un exceso de exquisitez y falso progresismo, consideraban que las facultades regulatorias del IFT provenían de un mandato directo de la Constitución y sólo a ella debían ajustar sus actos, excluyendo, en lo que considerara necesario, lo que previeran las leyes federales. Así de absurdo, peligroso y frívolo el argumento.

En cuanto a la portabilidad en particular, la Corte prefirió alejarse de las personas en pos de privilegiar las facultades de las autoridades. La decisión de la SCJN no trajo algún beneficio mediato o inmediato para los usuarios de telefonía, quienes tienen que seguir enfrentando un trámite tardado, engorroso y por ende costoso, cuando deciden cambiarse de compañía telefónica conservando su número telefónico.

La altura de miras debe estar por encima de una supuesta solidez institucional del IFT; la legitimidad de cualquier autoridad estatal también se basa en los resultados de su actuación (la portabilidad había caído más de 40 por ciento en 2015 con la entrada en vigor de la nuevas reglas del IFT, lo que llevó al mismo regulador a iniciar la obligada revisión de sus propias reglas de portabilidad).

Ojalá que a partir de ahora el IFT comprenda que su poder no es omnímodo, que tiene límites. De entrada los que marca la ley.

Opine usted: federico.gonzalezluna@congreso.gob.mx

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