Opinión

Las trampas de la antipolítica

 
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Corrupción. (Shutterstock)

Estamos enojados con los partidos y con los políticos; estamos frustrados con los resultados de nuestros gobiernos y desconfiamos de las instituciones. En el informe Latinobarómetro 2016 se muestra que los ciudadanos en México estamos insatisfechos con la desigualdad, el aumento de la inseguridad y la corrupción; México es el país con menor convicción por la obediencia a la ley y el pago de impuestos en la región. Por su parte, el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional 2013 (puedes checarlo aquí), encontró que a nivel mundial los partidos políticos son las instituciones consideradas por los ciudadanos como las más corruptas.

Ante este ambiente de discordia que separa a los ciudadanos de las instituciones, es natural que crezca la desesperanza y el cinismo. Los procesos democráticos nos empiezan a parecer un sainete diseñado para satisfacer los intereses específicos de los actores de la política y no de los ciudadanos; los mensajes de los partidos parecen falsos y reiterativos; los recursos comprometidos con la organización de las elecciones y las campañas se antojan excesivos y se vuelve atractivo pensar para ellos un destino mejor, más congruente con los intereses y necesidades de la sociedad.

Cuando en este ambiente de recelo entre ciudadanos y políticos se presentan una cadena de desgracias como los recientes huracanes y temblores de tierra, la necesidad inmediata de los afectados y las restricciones presupuestarias para atender esas necesidades hace que muchas voces se reúnan para proponer que los recursos que hacen falta para atender la emergencia se hallen eliminando el financiamiento público a los partidos políticos y reduciendo el presupuesto de las instituciones electorales. Atender la emergencia gastando los recursos destinados a la democracia. Ante los complejos problemas que plantea la política, las soluciones antipolíticas han logrado seducir a muchos.

La regulación del financiamiento público a partidos políticos no nos satisface y hay que discutirla; todos queremos hacer más eficiente el trabajo de las instituciones que organizan las elecciones. Lo que no es recomendable es que emprendamos la discusión sobre el diseño de las instituciones democráticas desde la coyuntura de una emergencia, ofuscados por la insatisfacción y bajo la premisa de que los partidos y las instituciones que organizan las elecciones son prescindibles.

Como plantea Alejandro Poiré, no se trata de desaparecer a los partidos ni el nivel óptimo de financiamiento público a los partidos es cero. Lo que yo digo es que retirar por completo el financiamiento público a los partidos puede generar condiciones adicionales a las que tenemos hoy, con nuestras debilidades institucionales, para influir en las políticas públicas de los gobiernos por parte de intereses privados, redes de corrupción, potencias extranjeras y el crimen organizado. La ausencia de financiamiento público a partidos puede desencadenar dinámicas en las que grupos de interés económico pueden comprar una influencia indebida sobre los funcionarios electos, así como en la toma de decisiones de política pública.

El dinero es necesario para el desarrollo de la democracia, pero debe estar bien regulado. Los estudios hechos por la organización IDEA Internacional sobre regulaciones del financiamiento político en 180 países, muestran que en todos hay algún tipo de normatividad para regularlo. La intención presente en esas regulaciones es, en términos generales, evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad de las elecciones, así como asegurar una mayor transparencia en el origen y gasto de los recursos de los partidos.

Los subsidios a la política, ya sea en forma de financiamiento directo a los partidos o de subvenciones especiales durante periodos de campañas –o ambas–, han sido adoptados por casi todas las democracias estables. El financiamiento público ofrece las ventajas de estimular el pluralismo al establecer condiciones parejas para que fuerzas políticas con representación –las que cumplan con cierto 'umbral de elegibilidad'– puedan competir, y que el dinero no sea un obstáculo que limite la presencia de distintas opciones. El financiamiento público también le ofrece a las instituciones responsables de mantener el orden electoral, la posibilidad de amenazar a los partidos con la retención del financiamiento como elemento disciplinario y de control.

Está claro que la regulación del financiamiento público a partidos puede ayudar a mejorar los resultados de la democracia y de que es necesario revisarla y cambiarla, pues el modelo actual no nos satisface. Pero también necesitamos darnos la oportunidad de reconocer que se requiere una discusión sobria sobre cómo regular el financiamiento público a los partidos y los órganos electorales y reconocer que los recursos destinados a la democracia no pueden ser una fuente adecuada de financiamiento para las coyunturas que se presenten.

Finalmente, debemos tomar en cuenta que las propuestas antipolíticas que salen de nuestra frustración con los resultados de la democracia, no son la solución a los problemas de la política.

* El autor es licenciado en ciencia política por el ITAM y maestro en administración pública por la Universidad de Harvard.

Twitter: @benxhill

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