Opinión

Las sumas y restas del Presupuesto, versión 2018

 
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Paquete económico

En medio de la atención de urgencia a los damnificados del temblor del jueves a media noche y de la amplia cobertura mediática que ameritaba, se presentó el viernes 8 de septiembre el Paquete Económico para 2018. Es de enorme importancia porque ahí se establece el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la administración pública y se estiman los ingresos que recibirá el país el año próximo, a partir de los cuales vendrán los correspondientes estimados de déficit y deuda pública.

La dinámica legislativa es la siguiente. El Paquete se presentó a la Cámara de Diputados que tiene para aprobar el Proyecto de Presupuesto de Egresos hasta el 15 de noviembre y el 20 de octubre para la Ley de Ingresos. A partir de ahora empieza formalmente (aunque claro que ya está pactada de antemano) la negociación en la que absolutamente todos los agentes querrán más dinero. La escasez de los recursos y la asignación a fines múltiples que se enseña en los primeros cursos de economía nunca quedan más claros que en estos momentos. La discusión presupuestaria es interesante, ahí se vislumbran los acuerdos políticos. Cuando un Presupuesto se aprueba de forma unánime deja mucho qué pensar. Solemos recalcarle a Hacienda su responsabilidad en la elaboración y aplicación del Presupuesto, pero debemos de tener siempre presente que el Congreso es quien finalmente lo aprueba, así que es igualmente responsable de las finanzas públicas del país y de la rendición de cuentas.

Este año no hubo anuncios de recortes ni avisos de austeridad, así que no hay ajustes que comprobar. En términos agregados, seguimos gastando más. El gasto neto total que se propone es 5 billones 236 mil 375 millones de pesos, 2.2 por ciento más de lo aprobado para 2017 en términos reales, es decir, descontando el efecto inflacionario.

Ahora, recordemos que lo que se aprobó como gasto para este año no va a coincidir con el monto verdaderamente gastado. No ha sido así en los últimos años, por lo menos desde 2009, ni creo que lo sea tampoco para 2018. Sólo en 2016 —el año de la austeridad, de los recortes, de apretarnos el cinturón— el gobierno gastó más que nunca, casi 13 por ciento más de lo que se le había aprobado.

El gasto lo dividimos entre programable y no programable. El primero es que el que se puede ajustar y el segundo se refiere a los recursos comprometidos de antemano para dar las aportaciones correspondientes a los estados y municipios y para el pago de intereses sobre la deuda, aproximadamente 28 por ciento de todo el gasto es no programable.

En el gasto programable hay gasto corriente, gasto de inversión y pensiones y jubilaciones. Los recursos que le dedicamos a este último rubro crecen año con año. Para 2018 están presupuestados 793 mil 734 millones de pesos, un incremento real de 5.2 por ciento sobre lo aprobado para este 2017. Ya representa 3.5 por ciento del PIB del país.

Dentro de este gasto programable hay otros datos notorios. Por ejemplo, por ser año electoral, los recursos al INE se incrementan 58.4 por ciento, asignándole un total de 25 mil 15.3 millones de pesos para la organización de las elecciones federales del año que entra. El presupuesto del INAI también aumenta, pero los recursos que recibe son significativamente menores. Pasa lo mismo con la Cofece cuyo presupuesto aumentaría 9.8 por ciento, pero cuyo monto apenas alcanza los 618 millones de pesos. Este organismo es fundamental para mejorar las prácticas empresariales del país, combatir los monopolios o la competencia desleal, repercutiendo en mejores condiciones para los consumidores.

La oficina de la Presidencia de la República reduce su presupuesto 5.7 por ciento, aunque recordemos que el año pasado gastó 85 por ciento más de lo aprobado, así que está por verse lo que sucederá en año electoral. Hay también menos recursos presupuestados para Hacienda, Sagarpa, Comunicaciones y Transportes, Economía, Educación Pública, Salud, Sedesol y Turismo, entre otros. En contraste, aumenta el presupuesto para Defensa Nacional, Marina y Función Pública. También se asignan recursos para el Sistema Nacional Anticorrupción, aunque será indispensable entender cuántos recursos se otorgan específicamente para el tema y no como continuación de los recursos que usualmente se dan a los órganos internos de control de las dependencias.

Parece ser un Presupuesto responsable, estimando un superávit primario (ingresos del gobierno menos gasto sin considerar pago de intereses) de 197 mil 295 millones de pesos, equivalente a 0.9 por ciento del PIB.

Me encantaría pensar que será un año en el que las finanzas públicas recobren cierto control sobre todo en el manejo de la deuda, pero es año electoral y la evidencia empírica me hace pensar mal. Ojalá me equivoque. 

* La autora es profesora de Economía en el ITAM y directora general de México ¿cómo vamos?

Twitter: @ValeriaMoy

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