Opinión

Las nuevas encuestas


Las encuestas llegaron tarde, quizá demasiado tarde, a nuestro país.

Cuando menos seis décadas después de cuando ya eran cosa común en Norteamérica, particularmente en periodos electorales. Aquí se empezó a saber de ellas hasta fines de la década de los 80, cuando los cruciales comicios presidenciales de 1988. Se tuvo noticia de que algunas se levantaron, pero sus resultados, naturalmente, no se dieron a conocer.

Se decía entonces que era absolutamente ocioso dedicar recursos a sondeos sobre intención del voto, si de antemano se sabía qué partido y candidatos habrían de ganar las elecciones, tanto federales como locales, incluso por amplio margen. La falta de un sistema de partidos competitivo, originaba la ausencia de ese género de sondeos. Esta explicación es absolutamente inobjetable, al margen de las causas que provocaban que el régimen de partidos no fuera competitivo. Como también explica que hayan empezado a tener sentido y a dedicarles recursos cuando la competencia electoral se hizo visible.

Una década después, las encuestas electorales se volvieron el gran deporte nacional. Sin ton ni son se empezaron a levantar por todos lados donde hubiera comicios. A las claras se veía que aquellas cuyos resultados se hacían públicos eran al gusto del cliente. Su oportunidad también era clave. Las que se daban a conocer antes del inicio mismo de las campañas, buscaban el efecto de propiciar un severo “descontón” al adversario. Y las de la víspera y aun el día mismo de las elecciones, pretendían desanimar a los simpatizantes del adversario o bien alentar a los propios.

Adquirió tales proporciones de escándalo este innoble ejercicio, que el legislador, en buena medida a contrapelo, se vio obligado a incorporar a la ley algunas reglas, mínimas ciertamente, sobre el tema. Básicamente han sido dos. Una consiste en prohibir la difusión de resultados de encuestas sobre las preferencias de los votantes el día de las elecciones y un x número de días antes de éstas, número que varía entre la legislación federal y las estatales; y la otra, la obligación de proporcionar los datos de la casa encuestadora y la metodología que habrá de aplicar.

Ese par de reglas mínimas han resultado a todas luces insuficientes, frente a la agresiva picaresca que el campo electoral ha sentado sus reales hasta andar en los límites mismos de la defraudación electoral.

Los ejemplos abundan. Entre éstos, las elecciones para gobernador de varios estados en 2009 y las presidenciales de 2012.

El problema es que ahora esta práctica se ha extendido a otras áreas. Hoy todos los asuntos públicos son sometidos a este tipo de ejercicios.

Van algunos ejemplos en torno al acontecimiento más sonado de los últimos días: “¿Considera usted –dice uno- que el Chapo hubiera sido capturado sin la participación de agencias norteamericanas? ¿Cree que si el Ejército hubiera intervenido, en lugar de la Marina, el operativo habría fracasado? ¿Cree que se fugará de nuevo?”

Es cierto que este tipo de sondeos miden estados de ánimo de los encuestados, más que reflejar la realidad. Pero hasta ahora nadie se ha puesto a pensar que su objetivo puede ser la manipulación. No se diga si los resultados que presentan son falsos.