Isabel Cruz Hernández
Las lluvias torrenciales provocadas por los fenómenos meteorológicos "Manuel e Ingrid" tienen bajo un severo estado de emergencia a doce entidades federativas, siendo las más afectadas: Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) estimó cerca de 75 mil millones de pesos en daños a infraestructura, viviendas, vías de comunicación y otras afectaciones.
En el campo, se tienen calculadas pérdidas que van desde las 250 mil hasta las 430 mil hectáreas, dependiendo de la fuente. Todos estos daños aún no incorporan los efectos en la economía real de las principales ciudades como Acapulco, para las que el turismo es la principal actividad generadora de ingresos y que en estos momentos se encuentra prácticamente estancada. Tampoco se han contabilizado los efectos en inseguridad alimentaria y mayor pobreza derivada de un incremento en los precios de los alimentos, dada la escasez que provocará la pérdida de las cosechas.
Como en todas las crisis, quienes más sufren las consecuencias económicas y patrimoniales son los hogares más vulnerables y pobres, los cuales pierden sus viviendas, sus cosechas, sus animales de cría, incluso sus familiares. Todo esto remite a un tema de prevención y planeación, más aún si sabemos que las crisis climáticas y alimentarias son recurrentes.
Desde el punto de vista de los servicios financieros, existen instrumentos que permiten mitigar los impactos y sobre todo, lograr que las familias más vulnerables tengan alternativas para complementar los apoyos asistenciales, los cuales siempre son limitados e insuficientes para el nivel de desastre, como el que estamos presenciando y sólo son paliativos de la emergencia.
Desde hace más de un lustro, la Asociacion Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social; así como un conjunto de organizaciones de microfinanzas a nivel nacional, hemos insistido en la necesidad de fomentar y masificar instrumentos de ahorro, microseguros, fondos de financiamiento rural para desastres, entre otros, dirigidos a proteger familias rurales pobres, los cuales pueden estar respaldados por recursos públicos y de esta manera potenciar su cobertura y alcance, al tiempo que se acelera la reconstrucción de la economía local.
La postergación de medidas financieras para la prevención es intolerable desde una perspectiva social y económica, ya que resarcir los daños a través de recursos fiscales tiene un costo de oportunidad muy alto. Actualmente, el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que es el principal instrumento de política pública para este tipo de contingencias, tiene poco más de 12 mil millones de pesos, lo que representa apenas el 16% de las pérdidas ocasionadas por "Manuel e Ingrid". Asimismo los recursos del Fonden llegan a los gobiernos estatales, sin estrategias de protección dirigidas a los más pobres, de tal suerte que pueden reponerse algunas vías importantes de comunicación, infraestructura social básica como escuelas o centros de salud, mas nunca alcanzan para la reconstrucción de viviendas, reposición de animales o reconstrucción de suelos para la agricultura, de manera que los más pobres sólo ven cómo su situación se hace más precaria.
Por su parte, la propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE: Documento de Trabajo Medio Ambiente Nº 15, febrero 2010) señala que mucho se habla de los efectos del cambio climático y poco se ha explorado a las microfinanzas como un canal atractivo para la adaptación y la prevención, como ya está sucediendo en países asiáticos, concretamente Nepal y Bangladesh.
De manera que México no puede seguir descansando sobre la única vía del subsidio para la atención de emergencias, siendo urgente y prioritario que el gobierno y la sociedad civil, trabajen en el desarrollo de mecanismos innovadores para el manejo y administración de riesgos, para poder dejar de manejar y administrar los desastres.
e-mail: isacruz@preodigy.net.mx
Asociación Mexicana de Uniones de Crédito, AC.
Opinión