Opinión

Las grandes reformas y el 7 de junio de 2015

Las elecciones federales del primer domingo de junio del año próximo serán cruciales. En primer lugar, por tratarse de comicios intermedios en los que sólo se eligen diputados, 500 en total, serán un buen termómetro para tomarles la medida a una serie de interesantes cuestiones de la vida pública. Desde luego, para conocer cómo ven los votantes al gobierno en general y en particular al presidente de la República, al llegar prácticamente a la mitad de su periodo. Pero no sólo, sino también cómo valoran al partido –en realidad a la coalición de partidos- que lo llevó a Los Pinos.

Se dirá, y en gran medida con razón, que lo anterior es de una obviedad perogrullesca. Que todas las elecciones llamadas de medio término tienen, entre otras características, que miden no sólo el nivel de desempeño del Ejecutivo en turno sino la percepción –que bien puede ser errónea- que los ciudadanos tienen con respecto a tal desempeño. ¿Por qué ahora en especial este aspecto obvio es más importante que –quizá- nunca antes en al menos medio siglo, por sólo poner un término?

Porque después de aprobadas las grandes reformas aplicables a las materias que durante décadas tuvieron al país estancado, es ahora más necesario que nunca –nunca, digamos en medio siglo- conocer cuál es la opinión, y en sentido estricto más que la opinión la posición que los votantes se han formado, con relación a los cambios operados en los ámbitos constitucionales y legales sobre los temas (energéticos, de telecomunicaciones, hacendarios o fiscales, políticos y de educación), respecto de los cuales presenciaron más bien pasivamente, sendos debates sobre las cuales muy poco o nada entendieron.

Lo que entendió el común de los ciudadanos como resultado de la insistente, burda y pueril propaganda gubernamental, es que la inversión se habrá de multiplicar y con ésta los empleos bien remunerados; que las tarifas eléctricas disminuirán casi fatalmente, así como los precios del gas y las gasolinas, rebajas que se verán reflejadas en la economía familiar de los mexicanos; que las oportunidades educativas y la calidad de la enseñanza darán un salto significativo; que ya no se cobrarán las llamadas telefónicas de larga distancia; que el costo en general de los servicios de comunicación será más accesible y que la oferta televisiva aumentará en beneficio de los usuarios, y que habrá Internet gratuito en espacios públicos.

Todo lo anterior y más todavía, quizá sea cierto. Pero está sujeto a varias condiciones. La primera es la relativa al tiempo. Ninguna de las reformas aprobadas va a tener efectos milagrosos. Es muy factible que en el mediano y largo plazo serán claramente perceptibles los resultados que de ellas se han dicho y se esperan. Pero difícilmente éstos se verán antes del 7 de junio, día de las próximas elecciones federales.

Con razón de sobra por haberse sentido engañados, no faltarán electores que pensarán que de nueva cuenta les volvieron a “salir con un domingo 7”. Como lo dijeron y hasta acuñaron esta curiosa expresión los votantes que hace tres cuartos de siglo por haberse sentido defraudados en los comicios presidenciales del domingo 7 de julio de 1940. Ahora quizá será peor, porque el desengaño no vendrá después sino desde antes de las elecciones, al no ver los grandes beneficios que con motivo de las reformas se prometieron.

Adicionalmente al tiempo en que tales grandes reformas habrán de madurar, toda vez que no son de corto y menos aún de cortísimo plazo, se hace necesario considerar dos elementos más que las pueden retrasar aún más o de plano hacerlas nugatorias: su pésima o ineficaz ejecución operativa, que en modo alguno está garantizada por las reformas mismas; y la corrupción, en la que el país suele tener niveles de campeonato. Desafortunadamente.