Opinión

Las cuotas que distorsionan la investigación científica (III)

 
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Las solicitudes de patente son sólo un indicador, desde luego, pero algo revelan acerca de los resultados de investigación que obtienen los países de acuerdo a sus políticas públicas, historia, inercia, desarrollo, aciertos y errores.

Según el Banco Mundial, las solicitudes de patente son las que se presentan en todo el mundo a través del procedimiento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o en una oficina nacional de patentes por los derechos exclusivos sobre un invento: un producto o proceso que presenta una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Una patente brinda protección respecto de la invención del dueño de la patente durante un periodo limitado, que suele abarcar 20 años.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en los últimos cuatro años México ha presentado un promedio anual de mil 130 solicitudes de patente. Como las comparaciones que se presentan aquí se hacen con base en los resultados de 2014, tomemos como referencia sólo este año, cuando México presentó mil 210 solicitudes de patente. La población es actualmente de 119 millones de habitantes, por lo que el promedio es de una solicitud por cada 98 mil 990 habitantes, digamos una por cada 100 mil para facilitar la memorización del dato.

En Corea del Sur, las solicitudes de patente tienen un promedio de una por cada 316 habitantes; en Japón la proporción es de una por cada 468 habitantes; en Estados Unidos, de mil 100; en Alemania, de mil 703 habitantes; en China, de mil 930; en Nueva Zelanda, de dos mil 799; en Finlandia, de tres mil 415; en Suecia, de cuatro mil 113; en Dinamarca, de cuatro mil 191; en Reino Unido, de cuatro mil 297; en Suiza, de cuatro mil 330; en Francia, de cuatro mil 351; en Noruega, de cuatro mil 642; en Singapur, de cuatro mil 785; en Rusia, de cuatro mil 994; en Israel, de seis mil 773; en Irán, de seis mil 870; en Italia, de siete mil 223; en los Países Bajos, de siete mil 266; en Mónaco, de siete mil 596; en Canadá, de siete mil 748; en España, de 15 mil 396; en Grecia, de 15 mil 401; en Croacia, de 18 mil 482; en Malasia, de 25 mil 104; en Tailandia, de 48 mil 233; en Sudáfrica, de 83 mil 606.

En estos países la proporción es menor, y mejor, que la de México.

Detente, dirán los que argumentan que esa es una comparación predeciblemente desfavorable y que piden que las comparaciones se hagan con naciones “similares” a la nuestra.

Pues resulta que Brasil solicita una patente por cada 40 mil 926 habitantes, Chile por cada 49 mil 782 y Argentina por cada 64 mil 676.

Si de sentirse bien se trata, estamos mejor que Jamaica (una solicitud por cada 123 mil 590 habitantes), Uruguay (150 mil 45), Colombia (188 mil 872), Costa Rica (224 mil), Panamá (404 mil 222), Cuba (413 mil) y Perú (419 mil 849).

Atendido el consuelo, es claro que estamos mal.

Luego de 30 años de existencia, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) no ha logrado, o en su caso no ha contribuido, a impulsar la investigación en México. En las dos entregas anteriores hemos expuesto algunas de las razones de la lentitud y escasez con las que se producen en nuestro país investigaciones relevantes, si bien hay destacadas excepciones.

Además de propiciar la orientación del trabajo de los investigadores al cumplimiento de cuotas, el SNI no funciona, como no lo hace al grado en que debería hacerlo todo el conjunto de la investigación nacional, porque no existen políticas públicas claras y con rumbo.

En el Plan Nacional de Desarrollo encontramos réplicas retóricas de lo que se dice siempre: impulsar, promover, alentar la investigación para que esté a la altura de las necesidades y aspiraciones de México, y cosas parecidas.

Pero no se da rumbo ni se compromete a nadie. La mayoría de los investigadores son becados y pagados por el Estado, pero éste, sin rumbo, no les dice en qué deben trabajar ni para qué. El país requiere del trabajo y la capacidad de innovación de los investigadores para resolver los problemas del país e impulsar su desarrollo. Habrá que insistir en que la inercia no es una política.

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