Opinión

Las consecuencias de la corrupción en la economía

 
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ME. Esfuerzos anticorrupción en México carecen de urgencia.

En agosto pasado, dos importantes calificadoras de riesgo internacionales revisaron a la baja las notas soberanas respecto de la economía y las finanzas públicas de México. Standard & Poor’s cambió la calificación de crédito de México de “estable” a “negativa” argumentado, entre otras razones, que “las debilidades en la gobernabilidad –que reflejan en parte una débil aplicación de la ley y la percepción de corrupción– limitan los beneficios de estas reformas, especialmente en la inversión”. La calificadora refiere las reformas estructurales impulsadas en el marco del Pacto por México, como la energética, de telecomunicaciones y la fiscal.

En el mismo sentido, Moody’s aprovechó la publicación de esta calificación para confirmar la modificación de su perspectiva de “estable” a “negativa” que había realizado el 31 de marzo previo.

En ambos casos, un factor determinante para la reducción de estas notas fue la mala situación institucional del país. Para Standard & Poor’s, nuestro país experimenta una débil gobernabilidad, que se traduce en un endeble ejercicio de la ley y el Estado de derecho, en detrimento de las reformas estructurales, cuyo objetivo era modernizar la economía de México. Para Moody’s, las variables de efectividad del gobierno, Estado de derecho y control de la corrupción son deficientes y no garantizan la calidad de la burocracia y la administración del Estado, la ejecución de contratos, los derechos de propiedad, la independencia del Poder Judicial y la prevención de que el poder público se ejerce en beneficio privado.

No podemos permitir que las notas soberanas que las calificadoras internacionales otorgan a México continúen a la baja y desincentiven la inversión, con las consecuencias que tendría para la economía mexicana. Hoy México enfrenta una oportunidad y un reto. La oportunidad es consolidarse como un destino para las inversiones extranjeras. Nuestro país es uno de los más competitivos para hacer negocios, ya que ofrece bajos costos en comparación con otros países desarrollados, según la encuesta Alternativas Competitivas 2016, que bianualmente realiza KPMG. El reto es que el combate a la corrupción que hemos emprendido dé resultados. Una encuesta realizada por el Banco Mundial a dueños de empresas y altos ejecutivos de mil 480 empresas mexicanas, reportó que el 50 por ciento de los entrevistados identificó la corrupción como un gran obstáculo para sus inversiones.

Este número es más alto que el promedio de América Latina. Además, de acuerdo al Global Competitiveness Report 2016–2017 del Foro Económico Mundial, la corrupción es el principal problema para hacer negocios.

El Sistema Nacional Anticorrupción es, sin duda, un paso fundamental y es tiempo de que el consenso en las normas se convierta en un cambio en nuestros hábitos cotidianos. Para lograrlo es necesario ir más allá de lo previsto en el marco normativo del Sistema y fortalecer la prevención.

El sector privado jugará un papel decisivo al involucrarse, y tiene al menos tres vías para hacerlo: a) exigir mayor transparencia al sector público, b) ser consecuentes fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas corporativa y c) participar en los ejercicios de gobierno abierto.

La transparencia puede ayudarles a conocer mejor la situación de los negocios que hacen con el sector público y garantizar la libre competencia. La rendición de cuentas corporativa sirve para subsanar las suspicacias sobre posibles conflictos de interés o incumplimiento de obligaciones fiscales que deslegitiman las valiosas contribuciones que el sector hace al país en la producción de bienes y servicios, la creación de empleos de calidad, la creación de valor económico y el pago de impuestos.

El gobierno abierto es el instrumento para que los empresarios definan con las autoridades y la sociedad civil los problemas públicos más urgentes de atender y las soluciones a nivel federal y en los 23 estados que forman parte de los ejercicios que impulsa el INAI. Los ejercicios locales de gobierno abierto son la oportunidad para implementar acciones para mejorar las notas soberanas que emiten calificadoras internacionales, prevenir la corrupción y, en consecuencia, construir un México justo.

El autor es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.

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