Opinión

Las cargas de la herencia

10 febrero 2014 5:19 Última actualización 15 julio 2013 5:42

 
 
 
Federico González Luna
 
 
Ahora que se acerca el fin de la existencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ésta ha tomado importantes decisiones en diversos ámbitos, uno de ellos relacionado, nuevamente, con modificaciones a la política de transición a la televisión digital. La decisión tiene que ver ahora con las ciudades de Nuevo Laredo, Cd. Juárez, Reynosa, Matamoros y Monterrey.
 
 

La resolución del Pleno de la Cofetel fue en el sentido de prorrogar en dichas ciudades la fecha del apagón analógico; la fecha original era el 26 de noviembre de este año y se pospuso para el 29 de mayo de 2014. La razón esgrimida por la Cofetel es que la carencia oportuna de recursos presupuestales le impidió realizar las acciones necesarias para llevar a cabo el apagón en la fecha programada. Este hecho es cierto, pero parcial en cuanto a ser una buena justificación del caso.
 
 
La decisión es benéfica para las ciudades mencionadas porque pueden tener la tranquilidad de que no se les forzará a una dinámica apresurada, tortuosa, del 'a como dé lugar', que seguramente dejaría sin servicio a cientos de miles de personas de escasos recursos.
 
 
 
El apagón podrá planearse debidamente y con los presupuestos apropiados. Se libraron de una necedad.
 
 
La falta de recursos se sabía desde fines del año pasado cuando al aprobarse el presupuesto de egresos de la Federación para 2013 no se incluyeron los recursos para llevar a cabo el apagón analógico en tales ciudades.
 
 
 

¿Para qué esperar tanto para anunciar un hecho evidente desde hace meses? Quizá la respuesta la da el caso de Tijuana, BC, en la que privaba exactamente la misma situación y en la que, con un empeño que rayó en lo absurdo, se decidió seguir con el apagón analógico, tomándose incluso importantes recursos del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones destinados a llevar servicio básicos de comunicaciones a comunidades rurales.
 
Ahora tenemos que Tijuana quedó como un lunar aislado en el mapa de la televisión del país, siendo la única población en la que se llevó a cabo el apagón analógico y a un año, cuando menos, para que haya otra población en la que ocurra otro apagón analógico.
 
 

Tijuana, la solitaria. Y ya se sabía que esto habría de ocurrir. ¿Para qué entonces presionar y dejar sin servicio de televisión abierta a tantos hogares de escasos recursos con tanta anticipación? Tijuana, más que un programa piloto, pareció conejillo de indias.
 
Aparte de ello, también es justo decir que la decisión del Pleno es positiva en sí misma en cuanto a que los cuatro comisionados que lo integran han tomado una actitud cabal al no replegarse en sus responsabilidades. Loable por donde se le mire, decidieron seguir atendiendo los asuntos propios de su competencia.
 
 
 

La política de transición a la televisión digital será un legado harto complicado de la Cofetel al nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones, a punto de surgir a la vida jurídica una vez que quede integrado en sus siete comisionados para fines de agosto próximo (aproximadamente). Legado difícil ya que la Constitución ordena que el apagón analógico se lleva a cabo en todo el país a más tardar el 31 de diciembre de 2015, así de simple.
 
 
 
Y así como la Cofetel en esta ocasión cómodamente pudo decidir posponer la fecha del apagón analógico de televisión para las ciudades citadas, este tipo de decisiones serán cada día más difíciles para el nuevo Ifetel ya que apenas contará con un plazo de dos años para realizar una tarea titánica que comprenderá censos oportunos en cada una de las ciudades del país, licitar la compra de millones de decodificadores (suponemos con diversos proveedores), distribuirlos en más de 10 millones de hogares, hacer encuestas de servicio, y atender las dudas, quejas y denuncias de toda la población.
 
 
Es decir, un asunto o problema de compleja logística a nivel nacional que si no se organiza ejemplarmente causará graves problemas sociales. Y con un agravante adicional: el plazo
 
fijado por la Constitución ya no podrá prorrogarse.
 
No cabe duda que hay herencias que se antojaría mejor repudiarlas.