Opinión

Las cárceles privadas lucran con la 'reforma migratoria' en EU


 
La industria de las cárceles privadas lucró con las leyes de 'tres strikes' que dispararon la población penitenciaria de Estados Unidos en los años noventa; intentó enriquecerse con la ley racista SB-1070 de Arizona y hoy no quiere desaprovechar la oportunidad con la 'reforma migratoria' que discute el Capitolio, al financiar a los senadores clave del proceso.
 
El poderío de la industria es tal, destaca la revista The Nation al exponer las sumas con que sus cabilderos 'engrasan' a los republicanos John McCain y Marco Rubio, que la Corporación de Correccionales de Estados Unidos (CCA) es ahora la mayor operadora de cárceles privadas del mundo, luego de 'inaugurar' hace 30 años su primera prisión, un centro federal para indocumentados, rentando durante 4 meses el viejo motel Olympic de Houston, Texas.
 
En su página web, CCA se enorgullece de sus origenes. Entrevistados, los fundadores de la firma, Don Hutto y Tom Beasley -exlíder del Partido Republicano en Tennessee-, recuerdan que la noche del Supertazón de 1983 'recibimos nuestra primera paga por 87 indocumentados'. Hutto y Beasley cedieron más tarde el mando a John D. Ferguson, llamado por The Economist 'el profeta de la prisión' al consolidar sus ambiciosos planes, que el año pasado generaron ganancias por 1,700 millones de dólares, la tercera parte de los cuales salieron de contratos con la Oficina de Inmigración y Aduanas y con la Oficina Federal de Prisiones.
 
Con Ferguson, la CCA, muy activa en el Comité de Intercambio Legislativo (ALEC), influyó para que en once entidades se aprobaran las leyes 'delincuente habitual/tres strikes', que prescriben cadena perpetua para el responsable de un tercer ilícito con violencia y que aumentaron la población tras las rejas en EU de medio millón en 1980 a 2.3 millones en 2009, además de incrementar en más de 7  millones el número de personas -una de cada 31- que se encontraba a prueba o con libertad bajo palabra.
 
Sonora
 
El lobby de la CCA y otras empresas del sector, como GEO Group, utilizando la plataforma de los legisladores estatales afiliados al ALEC, logró que en 2009 el Congreso de Arizona propusiera construir presidios para migrantes en la vecina Sonora; no obstante, su gran apuesta de los últimos años ahí fue la SB-1070, cuyo artífice es Russell Pearce, exlíder del Senado en Phoenix que pagó sus campañas con dinero aportado por dichas compañías y que es, por cierto, antiguo asistente del sheriff de Maricopa, Joe Arpaio.
 
La SB-1070 resultó congelada parcialmente en una corte federal y la gobernadora Jan Brewer sigue peleando su ratificación. De cualquier forma, el desenlace no empañará el auge de CCA -el gasto de Arizona en penales privados rebasa ya 1,000 millones de dólares- y por eso Damon Hininger, su 'director, presidente y ejecutivo en jefe (CEO)' desde 2009, observa con optimismo el debate en curso por la 'reforma migratoria' que promueve Barack Obama. De 42 años y descrito por Forbes como uno de los CEO jóvenes más poderosos, con un salario que alcanzó 627,000 dólares en 2011, sin incluir otros beneficios, Hininger manifestó que sea cual sea su destino, 'siempre habrá demanda de camas' (en los centros de reclusión).
 
Otra fue la opinión de la CCA hace 2 años, al advertir a sus inversionistas -según documentos entregados a la Comisión Bancaria y de Valores- que "cualquier cambio respecto a la inmigración ilegal y las drogas puede afectar el número de personas arrestadas, convictas y sentenciadas, reduciendo potencialmente la demanda de instalaciones correccionales para albergarlas".
 
Sin embargo, Hininger y Ferguson, quien se mantiene como titular del consejo de la firma, ya saben cuál es la solución contra esos 'cambios'. McCain, quien apoya la 'reforma', siempre y cuando incluya medidas como el encarcelamiento por 6 meses de los indocumentados atrapados en su primer intento de entrar a EU y por más de veinte años en el caso de su segundo intento, ha recibido 30,000 dólares en contribuciones de campaña de la CCA, añade The Nation. Rubio no se queda atrás con su propuesta de otorgar la ciudadanía a los migrantes después de veinte años; GEO Group, con sede en Boca Ratón, Florida, la entidad que representa en el Senado, le otorgó 33,500 dólares sólo en 2010.