Opinión

Las cañerías

 
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ME. Esfuerzos anticorrupción en México carecen de urgencia.

La corrupción institucionalizada fue una pieza básica del régimen de la Revolución Mexicana durante la mayor parte del siglo pasado. El sistema autoritario vertical basaba su funcionamiento en el reparto del poder y del dinero desde la punta de la cúpula en la que se situaba el presidente de la República en turno, hasta el más recóndito municipio del país donde la mano del partido de Estado controlaba absolutamente todo. La compraventa de bienes, servicios, favores y el manejo mismo de la legalidad en su conjunto dependían de una estructura controlada desde la cúspide, en donde de la misma forma como el primer mandatario en turno determinaba quién era gobernador o presidente municipal, también establecía los límites de la corrupción institucional.

Este entramado de simulaciones para aparentar un inexistente Estado de derecho y legitimar una presidencia sexenal absoluta, terminó por quebrarse en 1997 al perder el PRI la mayoría en la Cámara de Diputados e iniciar el proceso de reducción paulatina de los poderes legales y extralegales del presidente en turno.

Sin embargo, la transición democrática mexicana no construyó una estructura legal alternativa al viejo régimen, y el poder político que existía en Los Pinos se trasladó de manera irracional e irregular a los gobernadores de los estados y al Congreso.

Y así como fueron desapareciendo los excesos del presidencialismo absoluto, también los instrumentos para contener la corrupción en los distintos estados de la República. Las cañerías del poder por donde circulaba el dinero sucio y que se manejaban desde Palacio Nacional, empezaron a circular su contenido sin freno ni control alguno durante los sexenios de Fox y Calderón. La alternancia no representó el fin de la corrupción, sino su reacomodo e incluso su potencialización en manos de mandatarios estatales carentes de jefe superior y sin atadura alguna para ejercer presupuestos multimillonarios e incluso endeudarse como nunca antes pudieron haberlo hecho.

Los recientes escándalos de Medina en Nuevo León, Padrés en Sonora, Javier Duarte en Veracruz y César Duarte en Chihuahua, así como Roberto Borge en Quintana Roo, son sólo la extensión de una cadena surgida hace más de una década cuando los gobernadores se convirtieron en dueños de sus presupuestos y simultáneamente en autócratas sin responsabilidad alguna en la rendición de cuentas. El daño político de haber puesto al descubierto las cañerías de la corrupción en los estados y específicamente en manos de los mandatarios estatales, daña más a los priistas que a los otros partidos.

Y no es que panistas y perredistas al frente de distintas entidades se hayan abstenido de asaltar el erario. El problema radica en la identificación ciudadana de un sistema corporativo corrupto que los panistas Fox y Calderón no supieron como desmontar, y que suponíamos el PRI en su retorno sería capaz de hacerlo.

Desgraciadamente no fue así. Por falta de fuerza, complicidad o inercia misma, los gobernadores siguieron haciendo de las suyas ante la pasividad de la autoridad central, llevando el saqueo al menos en el caso Veracruz a niveles propios de López Portillo en los ochenta.

Las elecciones en el Estado de México en 2017 y la presidencial en 2018 tendrán como eje discursivo el tema de la corrupción y los candidatos que se presenten tendrán que enfrentar no sólo su propia historia personal en el tema, sino la de su partido y sus representantes en los últimos tiempos. Los llamados candidatos antisistema, aquellos que pretenden situarse fuera de la estructura responsable de abusos y corrupción, tendrán en la explotación de esta temática una buena ventaja de inicio. Las cañerías del sistema están seriamente averiadas y amenazan con enlodar a todos.

Twitter: @ezshabot

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