Opinión

Las advertencias de las calificadoras

 
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[Bloomberg] Rebaja la calificación de deuda senior no garantizada global de la viviendera de B2 a Caa2. 

Durante 2016 las tres grandes agencias calificadoras colocaron sus evaluaciones de la deuda soberana de México en 'perspectiva negativa'. Si bien esa modificación no necesariamente significa una rebaja próxima de las calificaciones, la mera posibilidad de ese evento invita a implementar cambios económicos en el país.

Las calificaciones de deuda son opiniones sobre la confiabilidad de un deudor para cumplir puntualmente sus obligaciones, tales como intereses, garantías y pago del principal. Estas valoraciones se refieren exclusivamente al riesgo crediticio, dejando fuera, en principio, otros posibles eventos como alzas en las tasas de interés de mercado o reducciones de liquidez. Por ello, no buscan evaluar el precio de los títulos de deuda ni, mucho menos, dar una recomendación.

Las evaluaciones son relativas, expresadas con escalas de calidad crediticia. Cada agencia usa su propia nomenclatura y, al basarse en metodologías propias, sus resultados son sólo aproximadamente comparables entre sí. Además, al ser prospectivas, las opiniones tienen un elevado grado de subjetividad.

Una de las formas utilizadas por las agencias para alertar sobre un posible cambio de calificación es la perspectiva. Esta se refiere a la dirección en la que puede moverse la evaluación en un plazo generalmente menor a dos años.

Las consideraciones que justifican la perspectiva son, por lo común, varios factores de mediano plazo. Las perspectivas pueden ser estables, positivas o negativas, dependiendo de si la posibilidad es mantener, mejorar o degradar la calificación.

Las calificaciones pueden afectar los mercados en varios aspectos, incluyendo la capacidad de los emisores de obtener capital, la complejidad de los productos, así como la posibilidad de los fondos y otras instituciones para invertir en ellos.

La utilidad de las agencias calificadoras ha sido un tema de debate internacional por mucho tiempo, que se recrudeció a raíz de la crisis global de 2008. Entre las críticas destaca que su existencia se debe, principalmente, a las regulaciones que requieren la opinión de estas empresas para múltiples propósitos. El trato preferencial otorgado por la Comisión de Valores de Estados Unidos desde los años setenta del siglo pasado a las tres grandes agencias calificadoras explica, en buena medida, su poder de mercado.

Otras quejas se refieren a la falta de capacidad predictiva de las grandes crisis de deuda; los posibles conflictos de interés surgidos, por ejemplo, del modelo de negocio basado en el pago de comisiones por parte del emisor evaluado; y la posibilidad de desestabilizar los mercados con cambios abruptos de calificación.

Desde los años noventa, la evaluación de la deuda soberana de México ha ido gradualmente mejorando, aunque con fluctuaciones, como reflejo de las mejoras macroeconómicas, y en especial, fiscales. Como resultado, en 2013 dos agencias ubicaron la calificación de largo plazo de México en BBB+, que es el máximo escalón del segundo grupo más alto en sus escalas; y en 2014 la otra agencia la colocó en A3, que es el nivel mínimo del grupo superior de su ordenamiento.

Tales calificaciones se encuentran por arriba de las categorías de alto riesgo, por lo que los títulos de deuda gubernamental son considerados 'grado de inversión', lo que los convierte en candidatos atractivos para la inversión institucional.

Lo peculiar es que en 2016 las tres agencias hayan cambiado su perspectiva de 'estable' a 'negativa'. Esta modificación significa que la deuda de México podría bajar un escalón en las clasificaciones.

La magnitud del posible impacto de dicho descenso en los mercados financieros del país es desconocida. Como tal, podría ser moderada ya que, aun así, se mantendría el grado de inversión, además de que los instrumentos de mercado, como los CDS, podrían ya estar reflejando esta desventaja.

No obstante, la complacencia nunca ha sido una buena alternativa. Las observaciones del consenso de las agencias son informativas de lo que debería cuidar México. Con distintos matices, estas empresas han insistido, entre otros, en la insostenibilidad de la tendencia ascendente de la deuda gubernamental al PIB, su nivel alcanzado, la dependencia de los ingresos petroleros y las perspectivas de bajo crecimiento económico, todo ello en desventaja respecto a otros países de similar calificación crediticia.

México debe responder con creces a estas preocupaciones, mediante reducciones sostenidas del gasto público y mayor calidad del mismo, así como con el fortalecimiento de las reformas estructurales, mejoras en la seguridad pública y jurídica y la ampliación de la infraestructura. Con logros mayores a los esperados, el país no sólo evitaría una degradación crediticia sino que aumentaría su atractivo como destino de la inversión.

Manuel Sánchez González es exsubgobernador del Banco de México y profesor de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey.

Twitter: @mansanchezgz

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