Opinión

La violencia desde las instituciones y su antídoto


 
Hoy El Financiero da a conocer que en siete años, 4 mil 352 elementos del Ejército han sido sentenciados por diversos delitos, como homicidio, lesiones y abuso de autoridad.
 
 
Ayer, asimismo, informó que en igual periodo, se han iniciado 17 mil 531 procesos por denuncia en contra de servidores públicos de la Policía Federal.
 
 
En este último caso, los procesos han ido en aumento cada año, hasta llegar, en 2012, a 3 mil 665, lo que equivale, destaca la nota de Rosalía Servín, a casi 10 por ciento de la corporación.
 
 
Esta proporción se puede ver desde dos ópticas: la primera, vista desde cristal oscuro, es que uno de cada diez elementos ha dado motivo para que se presuma que ha incurrido en alguna irregularidad o en algún delito; la segunda, desde un cristal claro, indica que nueve de cada diez no tienen esta mancha en su historial.
 
 
Al margen de proporciones, el número de quienes están sujetos a proceso por haber abusado de la autoridad y la posición que les confiere el cargo indica una situación grave: la corporación, una de las más confiables del país, padece un cáncer que amenaza la seguridad de la población.
 
 
Por lo que respecta al Ejército, para la mayoría de la población la institución más respetada, según algunas encuestas, el número de integrantes que han sido encontrados culpables de cometer delitos también representa una alerta para gobierno y sociedad.
 
 
La violencia institucional es un asunto grave. Cualquier violencia es inaceptable, pero lo es más si proviene de elementos que deberían servir al país y que optan por el abuso y el delito.
 
 
En el contexto de focos amarillos o focos rojos, en esta información hay dos ángulos positivos: uno es que se trata de casos a los que se ha dado curso legal, lo que significa que la impunidad no es destino preestablecido para quienes traicionan la confianza que se ha puesto en ellos y se les ha dado un uniforme y un arma de cargo.
 
 
El otro es que gracias a la Ley de Transparencia es posible acceder a esta información, lo que antes era impensable.
 
 
Saber es un derecho cuando se trata de asuntos de interés colectivo, cuando lo que se busca conocer es lo que sucede con la actuación de las instituciones y de quienes en ellas trabajan y, desde luego, con el uso de los recursos de todos, más aun respecto de un tema de tan sensible como la seguridad.
 
 
Hay otro factor esencial: se trata de derechos humanos.
 
 
Cuando una autoridad abusa de su posición lo hace siempre en demérito de los derechos de la población y de las personas que la integran, lo que constituye una violación a los derechos humanos.
 
 
De discursos ya está colmado el país. Enhorabuena que se vaya más allá y que se finquen responsabilidades en contra de quienes abusan del poder.
 
 
Falta mucho camino. La actual administración federal debe ser enérgica y enviar un claro mensaje de cero impunidad. Es hora de limpiar la casa y de fortalecer la confianza en las instituciones.