Opinión

La violencia amenaza la libertad

Tiene razón Enrique Krauze al denunciar, en Madrid, que la corrupción y el crimen organizado son dos fuerzas convergentes que amenazan nuestra libertad “Ahora es tiempo en México de construir un Estado de Derecho y un poder central fuerte, pero legítimo y democrático, Y eso nos va a costar mucho tiempo, tal vez una generación”.

Debemos darle la máxima importancia y mostrar nuestra indignación por el “inaceptable ambiente de inseguridad, violencia, corrupción y crecimiento de la ilegalidad en México”, señala la Red de Universidades Lasalle México en un desplegado de reciente publicación. También nos adherimos al repudio de lo que sucede hoy en nuestro país.

¿Qué representa para los ciudadanos la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala y la crisis generalizada de seguridad en el Estado de Guerrero?

¿Qué representa para la sociedad mexicana la denuncia de la CNDH, tardía por cierto, en relación a la ejecución de 15 civiles por parte del ejército, entre ellos dos menores de edad, en una bodega localizada en el municipio de Tlatlaya del Estado de México?

¿Qué representa para la sociedad la ejecución a manos del crimen organizado, apenas hace una semana, de María del Rosario Fuentes Rubio, por el hecho de alertar vía twitter sobre la violencia que priva en Reynosa, Tamaulipas?

¿Qué representa para la ciudadanía la muerte a manos del crimen organizado, o de la policía, o del ejército, de decenas de miles de compatriotas?

La ONU y el Parlamento Europeo, entre otras organizaciones internacionales, han reclamado la violación a los derechos humanos y al Estado de Derecho que conllevan estos y otros hechos que han ocurrido y siguen ocurriendo en nuestro país. Pareciera que mas allá de nuestras fronteras se le da más importancia a estos hechos tan lamentables, comparado con la otorgada por las autoridades mexicanas, en ocasiones deseosas de limitar a su mínima expresión la divulgación de estos lamentables e inaceptables hechos de violencia.

El Estado mexicano tiene, como una de sus más altas responsabilidades, la obligación de ofrecer seguridad a los ciudadanos ¿Qué responden los gobernadores de Guerrero y del Estado de México? ¿Y los presidentes municipales de Tlatlaya y de Iguala y sus más cercanos colaboradores, en algunos casos prófugos de la justicia? ¿Y las instituciones federales responsables de ofrecer seguridad a los mexicanos?

Tenemos derecho los ciudadanos mexicanos a indignarnos y exigir, por todos los medios, que se localicen, en primer lugar, a los normalistas desaparecidos (lo que no ha ocurrido al momento de redactar este artículo) y, por otra parte, que se investigue a fondo los motivos de la violencia en Tlatlaya y en Iguala y los responsables de la misma ¿Podemos suponer que hay intereses políticos inconfesables atrás de estos hechos?

Pero las cosas no pueden continuar así. Es inaceptable que la situación de estados fallidos como Tamaulipas siga contagiando la paz social. Los ciudadanos estamos irritados de tener que vivir tras las rejas que protegen nuestras casas o vecindades, mientras los asesinos andan sueltos.

¿Cuál es la solución? No es fácil, no se logra en el corto plazo, pero lo peor es simplemente ser espectador de los hechos. Monterrey, Tijuana y Ciudad Juárez, entre otras, son casos en los que se nota una clara mejoría, lo que nos hace estar optimistas y nos ofrece una lección: La exigencia y participación activa de la sociedad es, quizás, el factor más importante para contener la violencia y enderezar el rumbo. La coordinación entre la sociedad, las autoridades locales y federales y las fuerzas armadas, es el ingrediente más efectivo. Mientras más pronto se actúe y con la mayor energía, es mejor.

Pero que nos quede claro: La carencia de los valores que debemos insertar en la ciudadanía desde la más temprana edad, da lugar a la corrupción y a la violencia. La debilidad de nuestro sistema de justicia, cuyos responsables están en ocasiones involucrados con la delincuencia, es intolerable y tenemos derecho, por lo tanto, a elevar un grito de alarma y exigir, nuevamente exigir, que los delincuentes estén en la cárcel particularmente aquellos que ocupan un puesto público. Queremos ver tanto a algunos gobernadores como a otros altos funcionarios, cuyos nombres y andanzas son bien conocidos, atrás de las rejas. No nos convencen los discursos, sólo los hechos nos harán recuperar la confianza perdida.

La libertad es un tesoro incomparable que hemos conquistado con enorme esfuerzo y la violencia atenta contra ella. Nuestra aún incipiente democracia está amenazada en su conjunto. Luchemos por preservar ambas en beneficio de las actuales y futuras generaciones. Unidos en lo esencial, luchando juntos sin violencia alguna pero con una decisión inquebrantable, seremos capaces de alcanzar lo que en estos momentos parece inalcanzable: La tan deseada paz social.