Opinión

La transparencia efectiva tiene género

 
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Paseantes en la Alameda. (Cuartoscuro/Archivo)

La exigencia de resultados por parte de la sociedad a sus gobiernos es parte consustancial a la democracia. Los gobiernos, y con ellos las y los servidores públicos debemos practicar la cultura de la transparencia, del gobierno abierto y la rendición de cuentas que nos sujete a mediciones e indicadores que califiquen la administración de los recursos y la gestión gubernamental, que incluye la toma de decisiones.

La sociedad es un ente heterogéneo; la diversidad económica, social, cultural, geográfica marcada por profundas desigualdades, hace que las necesidades y demandas sean disímbolas y de complejo tratamiento, siempre atravesadas por cuestiones de género que hace que la misma desventaja sea más grave para las mujeres. De ahí que el acceso a información pertinente, veraz y oportuna puede facilitar la participación de las mujeres y la mejor toma de decisiones para incidir en el desarrollo de sus niveles de bienestar.

Esto significa que la información debe aportar elementos para evaluar los avances de los gobiernos en el cumplimiento del principio de progresividad en la consecución de los derechos humanos.

Más allá del adagio popular, la información es poder de cambio, la información sobre la atención a las necesidades estratégicas de las mujeres, y de todos los grupos de interés, es clave para que las personas cuenten con las herramientas que les permitan tomar decisiones asertivas para construir igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida cotidiana y para poder exigir selectivamente la satisfacción priorizada de sus necesidades.

En esta perspectiva, la información debe aportar elementos para realizar análisis interseccionales de las categorías sospechosas de discriminación por sexo, género, edad, preferencias, condición social y económica, entre muchas características que puedan ser condición de marginación de las personas.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 9-05-2106), además de la conformación equilibrada por sexo del órgano garante y de su consejo consultivo, prevé la desagregación por género y edad del número de víctimas de delitos del fuero federal; así como la desagregación por género, edad, tipo de apoyo, el listado de asuntos de protección a mexicanos en el exterior, el número de cartas de naturalización y los apoyos otorgados en el sector primario y en trabajo y previsión social.

Todos esos datos contribuyen a mejorar el análisis de las políticas públicas y sus resultados. Sin embargo, no son suficientes ya que la perspectiva de género, obligada conforme lo establece la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria debe ser aplicada en todos los ámbitos de la vida pública, consecuentemente en el acceso a la información.

Paradójicamente las necesidades prácticas de las mujeres tienden a solucionarse de manera rápida e inmediata si se contara con los recursos técnicos, humanos y financieros, ya que se refieren a salud, alimentación, vivienda y se satisfacen con provisiones donde las personas tienen carácter de beneficiarias.

Por su lado, las necesidades estratégicas, no son tan fácilmente identificables a simple vista y generalmente están asociadas con desigualdades estructurales que demandan soluciones mediatas, que involucran a las personas como agentes de cambio y requieren la suma de voluntades políticas para destruir obstáculos a la participación, mejoramiento y toma de decisiones públicas por parte de las mujeres y otros grupos en desventaja.

Por eso la transparencia, para ser una herramienta efectiva que permita tomar decisiones, medir avances o rendir cuentas, tiene que tener género.

La autora es comisionada del INAI.

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