Opinión

La trampa del dinero

   
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INE

La evolución del sistema electoral mexicano ha transitado sobre dos ejes: la imparcialidad de los árbitros y la equidad entre competidores. En realidad, se trata de dos cuestiones que el conjunto de reformas electorales no ha podido resolver con márgenes razonables de estabilidad y eficacia. Después de cada elección, estos dos pendientes crónicos de la mecánica procesal reaparecen como las causas principales del conflicto postelectoral y del déficit de legitimidad del resultado. Y, también, sobre estas dos grandes avenidas se expresa recurrentemente la deslealtad a la ley.

El debate de la imparcialidad condujo, primero, a la autonomía constitucional del entonces IFE y, después, a su conversión en una autoridad nacional capaz para suplir las deficiencias de las autoridades locales. En esas mismas coordenadas se sitúa la gradual transformación de la justicia electoral en una jurisdicción constitucional especializada. En el fondo, la historia de la imparcialidad ha pasado por diversas configuraciones institucionales de los órganos electorales, distintos métodos de nombramiento de sus titulares, la centralización de atribuciones legislativas y administrativas, y un largo etcétera. Se ha ensayado de todo pero el riesgo de captura sigue latente.

Mucho más compleja es la cuestión del dinero en las campañas. La transición, sobre todo a partir de 1996, diseñó un modelo de financiamiento mixto generoso: mucho dinero público y la posibilidad de obtener otro tanto de fuentes privadas. También puso una serie de diques a la trasferencia ilegal de recursos públicos. Los casos 'Amigos de Fox' y 'Pemexgate' revelaron las sensibles fallas del nuevo régimen, pero también que detectar, investigar y sancionar las conductas infractoras era, cuando menos, probable. Las sanciones impuestas a esos casos tuvieron efectos pedagógicos: la secuela no fue una reforma electoral, sino una rutina cada vez más compleja de regulación y control que provocó que los partidos se profesionalizaran en ese componente de la rendición de cuentas. Desde entonces, dos tendencias se instalaron en el debate: por un lado, que para abaratar el costo de las elecciones y disminuir la influencia del dinero, no había otro camino que reducir los topes de financiamiento, público y privado, así como los límites de gasto de precampañas y campañas; por el otro, que era deseable y necesario ampliar los alcances de la fiscalización y endurecer las consecuencias de violar sus reglas. Sin embargo, el flujo del dinero no ha disminuido debido a una fórmula de cálculo que depende de variables que siempre crecen y al doble cheque que reciben los partidos: alrededor de ocho mil 500 mdp cada año sólo de dinero público federal y local (en 2018 superará los 13 mmdp), más lo que aspirantes, precandidatos, candidatos, partidos y gobiernos usan de forma legal o ilegal.

Los topes de aportaciones y de gasto son ridículos e ineficaces para incentivar comportamientos apegados a la ley. La nulidad como sanción ejemplar no es una amenaza creíble. Así como el modelo de comunicación política ha generado una infinita gama de triquiñuelas, el régimen de financiamiento vigente ha ensanchado el mercado negro de dinero en las campañas (el INE encontró en lo reportado en 2017 una relación de .50 por cada peso). Los partidos han aprendido a acreditar sus ingresos y egresos hasta el límite de lo permitido y a ocultar todo lo demás: ajustan sus estrategias para maximizar su acceso al dinero y para minimizar los riesgos. Por paradójico que suene, cada vez que se reducen los topes a los ingresos y egresos, menos dinero se fiscaliza y, por tanto, más dinero se barre bajo los tapetes.

Pero eso no es todo. El sistema electoral se diseñó bajo la ingenua premisa de que el dinero incide e importa hasta que inicia formalmente la contienda electoral. La perversa relación entre dinero e intereses cuaja mucho antes. Las carreras de los políticos y la influencia de circuitos de presión se pagan con dinero que no se escruta, que se da y se recibe en las zonas grises de la legalidad. Son las reglas informales de un sistema político hiperregulado: todo se vale precisamente porque no hay norma que lo prohíba expresa y exhaustivamente.

Salir de la trampa del dinero exige repensar las reglas electorales por sus consecuencias prácticas. El sistema anticorrupción hace bien en plantear el problema desde los conflictos de interés. Falta perfeccionar la transparencia en el financiamiento a los grupos de presión y a las carreras políticas, sobre todo de ese caudal interminable de 'aspirantado'. Que todos sepamos quiénes están influyendo en la política, por qué y para qué.

* El autor es senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

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