Opinión

La timidez del mando mixto

    
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Texcoco dice No al mando único

El pasado viernes concluyó el periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República. A última hora se logró aprobar de forma casi unánime la iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad pública, conocida como “mando mixto” (102 senadores votaron a favor, dos en contra y se registraron dos abstenciones). Dos días antes ya se había intentado aprobar la iniciativa, sin embargo, la mesa directiva de la Cámara alta la devolvió por no haberse cumplido “todas las formalidades necesarias” para su completa validez. Al parecer, ese día la reforma se frenó porque el PAN –el primer sorprendido por sus buenos resultados en la elección de pasado 5 de junio– decidió reconsiderar y “abrir un espacio de reflexión” para los gobernadores recién electos. Una vez que los gobernadores electos dieron su visto bueno, la iniciativa puede seguir su trámite, y en septiembre corresponderá analizarla a los diputados.

Tal como está, la iniciativa de mando mixto supone, sin lugar a dudas, un avance respecto a la situación actual, aunque es perfectible. ¿Por qué supone un avance? La iniciativa tiene varios méritos en materia de profesionalización y por clarificar las responsabilidades de cada orden de gobierno. En principio las policías municipales desempeñarán funciones básicas de tránsito y vigilancia del cumplimiento de bandos de buen gobierno. Sólo en la medida en la que acrediten mayores capacidades podrán desempeñar funciones de reacción y de prevención e investigación de delitos.

También resulta positivo que se prevea establecer un salario mínimo nacional y ampliar el marco de prestaciones y seguridad social de todos los elementos policiales del país. En Nuevo León una estrategia en este sentido (respaldada por un esfuerzo presupuestal significativo) marcó una clara diferencia, tanto en términos de incidencia delictiva como de confianza ciudadana en sus policías.

Sin embargo, la principal ventaja de la iniciativa es que se abre la puerta para que se concreten intervenciones proactivas en las policías municipales. Ya no será indispensable establecer convenios con los alcaldes para que otro orden de gobierno asuma el control de la Policía Municipal, o para remover a los mandos de corporaciones corruptas. Se trata de un paso en la dirección correcta porque, como lo han dejado en claro experiencias como las de Iguala y de varios municipios de Michoacán, la penetración de autoridades municipales por parte del crimen organizado constituye uno de los riesgos más severos para la seguridad del país (por otra parte, algunos gobiernos estatales, como el de Morelos, han tenido que hacer frente a una enorme resistencia de los alcaldes para asumir el mando policial, aun cuando era evidente que las policías municipales se encontraban completamente rebasadas o cooptadas por la delincuencia).

¿Por qué la iniciativa es perfectible? Una primera preocupación es el excesivo centralismo de la reforma. Se amplían de forma considerable las facultades del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que en lo sucesivo será responsable de supervisar y certificar el funcionamiento de cada corporación policial del país. Sin embargo, en lugar de transformar al SESNSP en un organismo autónomo, éste se mantiene como un órgano subordinado del Ejecutivo federal. Inevitablemente, cuando el SESNSP ejerza algunas de sus nuevas facultades, las entidades federativas y los municipios afectados denunciarán que el Ejecutivo federal está haciendo un uso político de la seguridad pública.

Una segunda preocupación es la capacidad del SESNSP para ejercer de forma eficaz sus nuevas funciones. Se prevé, por ejemplo, que será responsable de practicar “evaluaciones y auditorías” a las instituciones policiales. Asimismo será responsable de emitir observaciones y recomendaciones, de vigilar su cumplimiento y, en su caso, determinar la intervención de la institución. En pocas palabras, corresponderá al SESNSP la carga de demostrar que una corporación policial es corrupta o ineficaz y que es necesario intervenirla. Se trata de una tarea titánica, tomando en consideración que existen casi dos mil corporaciones policiales en el país, y resultará difícil que el SESNSP la cumpla a menos que su presupuesto y su burocracia se multipliquen, una solución que tampoco resulta atractiva.

El concepto de certificación de las instituciones de seguridad pública
–que está presente en la iniciativa, pero no ocupa un papel central– podría servir como herramienta para subsanar esta deficiencia. En concreto, habría que establecer criterios simples para identificar sin mayor trámite los municipios donde es claro que resulta necesario intervenir a la Policía local (por ejemplo, ahí donde año con año se registren tasas de homicidio considerablemente superiores a la media nacional). De lo contrario, las intervenciones serán procesos inconsistentes y altamente politizados que –como ha ocurrido hasta ahora– sólo se concretarán después de que se registren tragedias.

En conclusión, el avance en el Senado de la iniciativa de mando mixto es una buena noticia. Sin embargo, será necesario que en su puesta en práctica se asuma con claridad que hay municipios donde no existen condiciones para que las autoridades municipales conserven el mando de una corporación policial (lo que la iniciativa actualmente contempla, pero de forma demasiado tímida).

Twitter: @laloguerrero

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