Opinión

La suspensión de la evaluación docente

 
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Tras el tremendo anuncio el viernes pasado de que el gobierno federal había decidido suspender unilateral e indefinidamente los procesos de evaluación docente, diversos analistas han interpretado el hecho como un duro golpe del gobierno en contra de sí mismo. Coincido con ellos. No estoy de acuerdo, sin embargo, en que el autogolpe haya sido a la cabeza. Mi impresión es que fue, más bien, una especie de autodisparo contra una pierna.

Lo veo así por varias razones. Primero, los actores que tomaron la decisión de darle al traste al corazón de la reforma educativa deben haber calculado que habría reacciones de rechazo muy fuertes y muy vocales, pero también que éstas serían minoritarias. Resulta triste que así sea, pero así es, pues la base social de apoyo efectivo y movilizado (o movilizable) a favor de esa reforma es más bien estrecha.

La suspensión de la evaluación docente entraña, sin duda, otros costos importantes para el gobierno federal. Entre ellos y como atinadamente ha señalado Jesús Silva-Herzog Márquez, el durísimo golpe contra su credibilidad como EL gobierno de LAS reformas, así como el mensaje de debilidad general que manda. Una decisión, en suma, con costos muy graves aunque acotados en lo inmediato, y los más grandes, impredecibles en magnitud y ubicados en el futuro.

Una segunda razón por las que me parece que el autoatentado del gobierno es serio, pero no mortal, tiene que ver con las consecuencias de muchos otros gravísimos sucesos en fechas recientes tales como: los terribles acontecimientos en Iguala en septiembre pasado, las muy serias revelaciones sobre posibles conflictos de interés en las más altas esferas del gobierno, así como la sucesión de incompetencia y sospechas de corrupción de funcionarios de altísimo nivel. En conjunto, todos ellos han minado mucho la legitimidad del gobierno, pero los costos concretos para los integrantes del mismo y su partido han sido sorprendentemente limitados.

Ello me hace pensar que los que tomaron la decisión de vulnerar tan aparatosamente la reforma educativa, partieron de la base de que, para ellos, los costos de hacerlo serían altos de momento, pero manejables.

Manejables, sobre todo, vis a vis el costo de no ceder frente a las amenazas de quienes los hayan presionado (la CNTE, el SNTE o muy probablemente ambos). Me explico, siguiendo con la metáfora del autobalazo: lo que imagino como contexto de la tremenda decisión del viernes pasado es a alguien que se da un balazo en la pierna porque alguien más lo amenaza con que, de no hacerlo, le disparará a la cabeza.

Sólo un escenario así me alcanza para empezar a intentar explicar una decisión aunque no mortal, si enormemente costosa. La pregunta inmediata sobre la cual se ha especulado tanto es de quién provino y cuál fue la amenaza que llevó al gobierno federal a perder de una manera tan escandalosa la cara, la credibilidad y la posibilidad de meter en cintura a todos aquellos grupos e intereses que se oponen a sus reformas.

Algunos insisten en que la amenaza provino de la CNTE y tuvo que ver con exigir la evaluación docente a cambio de no impedir la realización de las elecciones en Oaxaca, Guerrero y territorios anexos. Otros argumentan que el problema es de votos y que la presión vino del SNTE y su brazo electoral: el Panal.

Con prácticamente nada de información fidedigna, resulta difícil elegir entre ellas, aunque muchos elementos apuntan a que fue combinación de ambas: “cédeme la evaluación docente y te damos elecciones en Oaxaca y el apoyo para que no pierdas tu posición mayoritaria en el Congreso el 7 de junio.”

Más allá del contenido preciso de las amenazas y de la identidad de aquellos que las formularon, tres cosas me parecen claras.

Primero, la decisión sugiere el triunfo del ala dura del gobierno frente al ala reformista.

Segundo, a nivel institucional las pérdidas mayores y más graves se las llevaron las entidades encargadas de sacar adelante la reforma educativa: la SEP y el INEE (quien respondió con oportunidad y firmeza encomiable ante el atropello del Ejecutivo).

Y tercero, revivir la reforma educativa va a ser dificilísimo este sexenio y le tocará al INEE y a la sociedad civil organizada recoger el tiradero y, ojalá, intentar, por la vía judicial, hacer valer el derecho de los niños y los jóvenes mexicanos a una educación digna de tal nombre frente a los intereses concentrados que volvieron a hacernos saber que, en realidad, son ellos los que mandan.

Twitter: @BlancaHerediaR

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