Opinión

La Suprema Corte y la encrucijada sonorense


 
Nadie dijo que impartir justicia es fácil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo sabe bien.
 
Hoy la Corte analiza el caso Sonora, envuelto en un conflicto social por el agua, contaminado por decisiones políticas torpes y caprichosas, violaciones a la ley, rencillas entre grupos de poder en el estado, poderosos intereses económicos, acusaciones o sospechas de corrupción y las elecciones locales de 2015 que comienzan a calentar el ambiente.
 
En Mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo en contra de la manifestación de impacto ambiental que otorgó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para la construcción del Acueducto Independencia y que reconoce la personalidad de la Tribu Yaqui para reclamar ante las autoridades la inhabilitación de la obra que les despojará de su agua. Pero el gobernador Guillermo Padrés simplemente no acató el amparo y prosiguió con el transvase de la Presa “El Novillo”.
 
Cierto. Hay casi 1 millón de personas, los habitantes de Hermosillo, que sin la operación del acueducto se quedarían prácticamente sin agua.
 
Cierto. Buena parte de la red de distribución de la ciudad de Hermosillo está en ruinas y hay un desperdicio de agua potable calculado en alrededor del 40%.
 
Cierto. La falta de talento, la omisión e indolencia de los operadores políticos del gobierno, y del propio gobernador Padrés, recrudecieron las añejas y profundas diferencias entre los sonorenses del sur, principalmente productores agrícolas de Ciudad Obregón y la Tribu Yaqui, y los sonorenses del centro, principalmente de Hermosillo.
 
Hay que agregar la guerra política entre los panistas, encabezados por Padrés, y los ricos y poderosos de apellidos Robinson Bours Castelo, Díaz Brown, Félix-Díaz y Félix- Escalante, identificados con el PRI y controlan absolutamente todo en Cajeme y el Valle del Yaqui.
 
Hay otros señalamientos en el sentido de que, con el acueducto, Guillermo Padrés busca también beneficiar a grandes empresas.
 
El bloqueo de la Carretera Federal 15 México-Nogales lleva ya más de un mes y las pérdidas se calculan en varios cientos de millones de dólares, sin que ninguna autoridad estatal o federal haya hecho algo efectivo hasta hoy. Los sectores más afectados son el automotriz, agropecuario, agrícola, transporte, autopartes, maquilador, turismo y minería, donde las empresas más grandes de la región son Ford Motor Company, Grupo México, UTC, FEMSA, CECOSA, Grupo Modelo, PEPSICO e industriales regionales.
 
Sobre éste escenario, y el conflicto por el agua como eje central, han decidido montar la elección para renovar gobernador en 2015 el gobierno panista de Guillermo Padrés Elías y sus acaudalados enemigos priístas.
 
Además, en el Congreso la atención está puesta en la elección de diputado local del Distrito XVII de Cajeme, donde había sido electo Eduardo Castro Luque, ¿lo recuerda? Fue asesinado el 14 de septiembre de 2012, días después de su triunfo, en un complot pensado y ordenado por su suplente, Manuel Alberto Fernández Félix. Ambos del PRI. Ésa elección es clave. Actualmente el PAN tiene mayoría, pero un triunfo priista en Cajeme podría equilibrar fuerzas en el Congreso sonorense.
 
Ésta es la encrucijada del caso que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La manifestación de impacto ambiental otorgada por la SEMARNAT es clave en todo esto y podría ser la salida para conciliar el asunto. Quedaría en el aire el posible desacato del gobernador Padrés.
 
A la Corte no le ha temblado la mano para aplicar la ley y hacer justicia, por muy impopulares que sean sus decisiones. Si el gobernador Guillermo Padrés se confió en eso para dejar en manos de los Ministros de la Corte el asunto, que recuerde el caso Florence Cassez. Esperemos.
 
Hasta el miércoles.
 
Twitter: @cachoperiodista