Opinión

La Suprema Corte abre la puerta a las adicciones

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Mariguana

La Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa con sus sorpresas. Ahora ha otorgado amparo a quienes lo solicitaron para consumir mariguana con propósitos recreativos. En realidad fue una treta, según han confesado los promotores, con el único objetivo de combatir la política pública que prohíbe las drogas. Su meta, en realidad, es permitir que se puedan consumir impunemente todo tipo de drogas.

Abrieron el primer boquete y ahora pretenden derrumbar todo el muro que intentaba frenar el consumo de drogas. Y los Ministros de la Corte cayeron en la trampa. ¿Qué harán cuando lleguen nuevos amparos, pero ahora buscando el consumo de crack, mentafetaminas, heroína, etc.? Sus argumentos los habrán atrapado.

A reserva de conocer puntualmente la resolución y sus argumentos, hasta el momento se trata del triunfo del individualismo liberal más radical, donde se lleva al extremo la idea de la libertad de la persona y una extraña interpretación del “desarrollo de la personalidad”.

Los ministros han aceptado que la mariguana produce daños a quien la consume. Uno de sus efectos es la generación de dependencia, es decir, adicción. Por eso tiene un mercado tan amplio que ha generado redes de delincuencia organizada a gran escala en todo el mundo. Y quienes quieren la hierba, porque son adictos, están dispuestos a todo con tal de obtenerla. Por eso siempre se le ha ligado al ámbito de la delincuencia, incluso cuando no estaba prohibida.

De acuerdo con afirmaciones de María Elena Medina Mora, directora del Instituto Nacional de Siquiatría y experta en el tema, el consumo de esta droga afecta –daña- al cerebro, particularmente en las personas jóvenes. Eso no puede interpretarse como una forma de desarrollar la personalidad, sino más bien de un proceso de deterioro de esa personalidad, alterándola.

De acuerdo con los criterios de Medina Mora, el consumo de mariguana afecta principalmente a quienes son vulnerables o tienen problemas de salud mental, disparando una psicosis o desarrollando una. Eso significa que destruye la personalidad de quienes son afectados de esta manera de manera permanente. Y esto no sólo es un problema de libertad de la persona, que quede en ella misma. Los efectos son sociales, familiares y en el entorno.

Pero esta situación no se manifiesta sólo en casos extremos. El uso de la mariguana produce, aunque sea temporalmente, una alteración de la personalidad, y no precisamente su desarrollo. Bajo los efectos de la hierba se han producido crímenes y acciones violentas. La mariguana y su popularización internacional y el incremento de su producción en México está vinculado a las guerras. En el caso de Vietnam y de otros conflictos, se sabe que los soldados usaban la mariguana para “adquirir valor”, perder conciencia de sus actos y de la realidad que los rodea, lo cual les permitía entrar en batalla sin miedo y, al mismo tiempo, cometer abusos contra inocentes.

También se dice que la mariguana es la puerta para el uso de otras drogas, las llamadas “duras”, cuyo consumo ha registrado incremento en nuestro país.

Al igual que el tabaco, la marihuana tiene efectos dañinos en las mujeres embarazadas y en terceros, los “fumadores” involuntarios, pero mucho más graves. Una vez más hay que preguntarse si con ello se garantiza el libre “desarrollo de la personalidad”. Es necesario afirmar que no existe un derecho humano a atentar contra la propia vida y dignidad, aunque sea poco a poco.

Sobre la decisión de la Corte quedan pendientes muchas preguntas. El amparo se concede sólo a cuatro personas para la siembra y consumo personal, pero no para la venta, distribución y suministro. ¿Cómo van a hacerse de las semillas para la siembra? Hay quien afirma que el Estado debe proporcionárselas para hacer posible el ejercicio del derecho que ahora les reconoce la Corte, lo cual resulta absurdo. Pero de algún lado deberían obtenerlas. ¿Será que el tráfico de las semillas está permitido? O que, aunque no las siembren, para poder consumirla la compren a los traficantes. En eso no habrían avanzado mucho, pues actualmente no está penada la posesión y consumo personal.

Quienes se amparan en el hecho de que el consumo no está penalizado y así lo hacen, participan del comercio de la droga y saben quién trafica con ella, y resultan cómplices, pues la ley obliga a todo aquel que conoce de un delito a denunciarlo y ellos no lo hacen. Estas resoluciones, lejos de acabar con la delincuencia, corren el riesgo de incrementarla.

Y aunque el Ministro Lelo de la Rea está orgulloso de su propuesta, y con él los otros Ministros que la aprobaron, no puede considerarse que este liberalismo extremo, donde la ley se desliga de lo ético, constituya un avance ni para las personas ni para el desarrollo social. Por desgracia se sigue una moda y se rompe toda una tradición jurídica cuya preocupación era la protección de la sociedad y de sus integrantes.