Opinión

La supervivencia

          
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Ha aumentado la violencia de los movimientos en Guerrero. (Archivo/Cuartoscuro)

En Nuevo León, el Congreso estatal ha aprobado la ampliación del concepto de legítima defensa. Se han agregado dos términos: causar una lesión y privar de la vida. En palabras del diputado panista Marcos Mendoza, en entrevista televisiva, “se ha hecho un gran avance para que las leyes estén más del lado de los ciudadanos”.

Las modificaciones se concentran en el artículo 17 del Código Penal para el Estado que a partir de esta semana dicta lo siguiente: “Igual presunción, salvo prueba en contrario, favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro, a quien encontrare dentro de su hogar; en la casa en que se encuentra su familia, aun cuando no sea su hogar habitual; en un hogar ajeno que aquel tenga obligación de defender; en el local en que aquel tenga sus bienes, o donde se encuentren bienes ajenos que tenga obligación legal de defender, y el intruso ejerza violencia sobre las personas o sobre las cosas que en tales sitios se hallen”.

El Código Penal define legítima defensa cuando, el que la ejecute, “obre en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes; o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la cual resulte un peligro inminente”.

En pocas palabras, cualquier persona puede ejercer fuerza letal contra un intruso 'violento'.

Vale la pena revisar esta modificación con dos expertos en el tema. Ernesto López Portillo, consultor en seguridad ciudadana, señala que: “Este tipo de medidas son espejismos, engaños, que promueven la violencia. Porque hacen creer que autorizan el uso de la fuerza donde no está autorizado el uso de la fuerza. Nadie bajo ninguna circunstancia puede privar de la vida a otra persona, a menos de que defienda una amenaza a su vida. Esto está por encima de cualquier reforma, si esto no se entiende van a confundir. Esta propuesta tiene que ver con la ausencia de conocimiento, de criterios, de propuestas para reducir la violencia, se convierten en ocurrencias que en realidad generan un mensaje erróneo porque autorizan, o intentan autorizar, el uso de más violencia a los particulares”.

María Elena Morera, directora de Causa en Común, también alza la voz: “De entrada, me parece positivo que los ciudadanos tengan las garantías legales necesarias para poder defenderse y actuar en caso de que un delincuente entre a su casa, a su negocio, a su oficina, y ponga en riesgo su vida o la de sus seres queridos […] Sin embargo, una iniciativa de este tipo debería de garantizar que el tráfico de armas no se incremente, garantizar también una contención policial y de proximidad para que sea la autoridad la que haga frente a la delincuencia y que no se quiera trasladar con este tipo de leyes la responsabilidad institucional a la ciudadanía. Porque esto parece que así es. El punto más delicado de esta modificación es cuál es la frontera legítima de la defensa, porque se debe limitar exclusivamente a la propiedad, si no vamos a ver al rato que esta ley es para poder matar a cualquier ‘sospechoso’ en la calle”.

La frontera parece muy delgada, la ley da certeza jurídica, pero traspasa responsabilidades de seguridad. Fotografía nítida de una sociedad que ante la indefensión ve en una bala la supervivencia.

Ya veremos las interpretaciones a esta modificación del Código Penal, ojalá no se convierta en una cacería, ojalá los legisladores sepan lo que están haciendo, ojalá la sociedad sepa lo que está asumiendo.

Twitter: @jrisco

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