Opinión

La solución Uber

 
1
 

 

Auto de Uber en Venice, Los Ángeles, California. (Reuters)

La regulación que el gobierno del Distrito Federal diseñó para los sistemas de traslado de pasajeros en autos particulares, operado por medio de aplicaciones, constituye un paradigma que conviene analizar. No sólo importa el resultado que se obtuvo, sino de manera preponderante destaca el “cómo”.

La visibilidad alcanzada por el conflicto puso a prueba las habilidades del gobierno capitalino para lidiar con un tema de alta sensibilidad social, especialmente ante la carencia de legislación que permitiera encuadrar el conflicto. La inexistencia en el país de reglas claras en materia de competencia desleal expone constantemente a los protagonistas, los consumidores y a la propia autoridad, a los atropellos de la discrecionalidad más subjetiva e irracional.

Podría decirse que en este caso se arriba a una solución pragmática que resulta aceptable en términos relativos, dadas las capacidades incendiarias que el asunto planteaba. Si bien es cierto que, para muchos, el cobro de un impuesto a los sistemas tipo Uber resulta cuestionable –1.5 por ciento de la tarifa aplicable por cada viaje– y se discrimina a sectores amplios de la población dueña de automóviles menores a 200 mil pesos de la posibilidad de ofrecer los servicios, la seguridad que para prestadores y receptores de éstos representa la regulación, justifica las restricciones.

Lo que hizo la autoridad, pesos más o pesos menos, consistió en la construcción de una barrera de entrada que “segmenta” los mercados, ubicando a los sistemas privados de transporte en un escalón más alto. Al elevar el precio de entrada al sistema, por el costo del auto, los ingresos por unidad se encarecen, obligando a los propietarios a dirigirse a un sector de usuarios de mayor poder adquisitivo, bancarizados y que son tecnológicamente dotados.

Para quienes han manifestado quejas sobre la intromisión que la nueva regulación significa en términos de gravar y limitar esta clase de servicios, les diría que es esa precisamente la intención de los sistemas jurídicos desde sus primeras manifestaciones. Ni internet, ni aplicaciones como Uber, están exentas de ser reguladas en sus principios básicos, como la única forma de contención de prácticas comerciales que, más allá de la pretendida autonomía de la red, es la única forma de brindar a los usuarios un clima de certidumbre transaccional que resulta vital disciplinar bajo la lógica del Estado supervisor.

Pero como expresaba al inicio, a mi me interesa más el proceso que permitió llegar a esta solución, y que sin retóricas románticas puede calificarse como un ejercicio de pluralidad, en el que no sólo los jugadores fueron escuchados, sino también los usuarios y algunos especialistas convocados para aportar reflexión valiosa. Cualquier pretensión de regulación, bajo estos auspicios, contará con una tasa de adherencia en su cumplimiento significativamente más elevada que aquella que es resultado de la unilateralidad y la imposición.

De hecho, es claro que si se favorece la mediación preventiva como mecanismo avanzado de solución de controversias, estaremos dando un paso decisivo hacia la modernización de nuestro aparato de construcción de justicia. Un cambio de cultura que es histórico, en términos de modificación de los parámetros de confrontación y formalismos que por siglos han alimentado nuestro sistema jurídico. En ese sentido, mi reconocimiento al gobierno del DF por este paso, que esperemos ver replicado en otras asignaturas.

Twitter: @JalifeCaballero

También te puede interesar:
Avanza poderosamente el comercio electrónico en el país
Analiza CIDAC causas y alcances de la 'piratería' en el mercado mexicano
Mejora la apertura mundial de información de patentes