Opinión

La solidaridad nacional

10 febrero 2014 4:8 Última actualización 24 septiembre 2013 5:2

Antonio Cuéllar Steffan
 
 
Las normas que contempla nuestra Constitución, como ordenamiento jurídico supremo de la Nación, consagran imperativos de orden categórico a los que se sujeta la organización misma del Estado, así como principios de orden político-social por los que se rige la convivencia entre todos los mexicanos; o entre estos y los extranjeros, o entre los anteriores y el gobierno. Estos principios reflejan una realidad, en algunos casos, o confirman la elevación formal más alta que pueda concederse a una aspiración o un anhelo de carácter colectivo.
 
 
En el texto de nuestra Constitución encontramos dispositivos importantísimos que determinan la defensa superior de la igualdad y la libertad de las personas, inmersos dentro del reconocimiento expreso de nuestras diferencias demográficas de carácter étnico y cultural; y normas que salvaguardan principios relativos a la educación que imparte el Estado, entre los que destaca el carácter laico de la actividad docente y la trascendente defensa de los derechos humanos.
 
 
Entre las garantías constitucionales que contempla la Constitución se hallan las que protegen el acceso a los mecanismos de impartición de justicia y la seguridad jurídica; y también aquellas otras que definen principios de rectoría económica conforme a los cuales se debe enderezar toda ley que incida en las actividades productivas, o toda política pública del gobierno encaminada a impulsar la competitividad y el desarrollo nacional.
 
 
Evidente resulta señalar que los aspectos constitucionales mencionados son elementales con relación al vasto catálogo de cimientos sobre los que se eleva el robusto andamiaje jurídico en el que se apoya y descansa el Estado mexicano; sin embargo, sirva este señalamiento para evidenciar una carencia formal que es, precisamente, el objeto de la reflexión que deseo compartir.
El bienestar y la felicidad de las personas está íntimamente ligada con aquella de sus semejantes y, en última instancia, con el buen éxito del colectivo al que pertenece. La estabilidad del individuo nos lleva a evaluar el desenvolvimiento de la sociedad en la que está inmerso, en donde ésta acaba por ser un reflejo de la buena conducción de aquél. Individuo y sociedad son conceptos ligados entre sí por un vínculo político indisoluble al que debe responder igualmente el derecho.
 
 
La solidaridad es un concepto multívoco; una idea que se puede abordar desde distintas perspectivas (sociológica, política, económica, jurídica). Durkheim, uno de sus principales expositores, dividió el concepto en dos ideas: solidaridad mecánica y orgánica, en función de a la independencia de los miembros de la sociedad en quienes la solidaridad queda confiada.
 
 
Por virtud de la solidaridad, una sociedad desarrollada confía en la autonomía y libertad de las personas, y en la aplicación organizada y puntual de sus recursos para el cumplimiento de un fin común. Entraña el reconocimiento de un lazo de unión y confianza entre cada unidad del grupo, que les permite luchar para sí y en oposición a cualquier acción o evento que perjudica al todo o a cualquiera de las partes.
 
 
Durante los temblores de 1985 y ahora que atravesamos los efectos devastadores de los fenómenos naturales de la semana pasada, hemos entendido la importancia que reviste entre los mexicanos el factor de la solidaridad, el valor de la empatía con la desgracia por la que atraviesan nuestros semejantes, como medio indispensable para superar la adversidad.
 
 
No obstante la importancia de este elemento idiosincrático y de vinculación nacional, que reside en forma perenne en el espíritu de nuestra sociedad, no existe disposición constitucional alguna que lo contemple ni mucho menos que nos obligue a adoptarlo como parte de nuestro modelo democrático de vida. Como elemento esencial de las relaciones laborales, no se introdujo en el proceso de reformas a la Ley Federal del Trabajo con la finalidad de unir la voluntad de los trabajadores y los patrones en la búsqueda de un propósito común: la unidad productiva.
 
 
La solidaridad y el patriotismo deben ser un elemento primordial de nuestra democracia y un mandato clave dentro del texto constitucional, que debe formalizarse, no tienen que ser principios o aspiraciones que sólo afloren cuando sobreviene la tragedia.