Opinión

La silla vacía

 
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Enrique Peña Nieto

Uno de los temas más controvertidos surgidos durante la legislatura pasada, cuando debió aprobarse la reforma política ventilada como parte del Pacto por México, fue el referente a la demandada inclusión de la figura de la revocación de mandato. La semana pasada, desde quizá muy oscuras trincheras, se volvió a lanzar el petardo y, a mi parecer, carecía de mecha alguna que lo hiciera producir sus efectos. En la frialdad de las circunstancias que una gloriosa marcha de la independencia nos permite analizar las cosas, la gran pregunta que nos formulamos tiene que ver con la posibilidad y conveniencia de conceder al pueblo la prerrogativa para levantar al Titular del Ejecutivo de la silla presidencial, incluso a la mitad del camino.

Lógicamente que no hablamos de una posibilidad real, en la medida en que la Constitución y las leyes no lo prevén, sino de una posibilidad institucional remota, que sólo se podría dar hasta que las reformas correspondientes la concibieran y fueran aprobadas, y las fuerzas políticas nacionales encontraran una razón suficiente para impulsar un movimiento político de tan penetrante poder y resultado.

Visto a la luz de la historia y tras los acontecimientos ocurridos al final de la primera década del siglo pasado, la figura de la revocación de mandato me resulta ilógica y terriblemente peligrosa. La victoria de Madero se materializó con una oficiosa salida y un exilio del General Díaz, pero perduró muchos años después, tras cruentas luchas emprendidas por caudillos venidos de todos los rumbos, que acabaron por cobrar la vida de más de un millón de compatriotas. La lección que la revolución mexicana nos dejó es muy clara: no es peligroso pensar en derrocar un régimen, sino en averiguar y ponernos de acuerdo en aquel que vendrá a sucederlo.

México ha logrado consolidar un sistema democrático-electoral que ha venido rindiendo frutos muy positivos en el ámbito de lo que respecta a la solución de los conflictos que acontecen en las jornadas de elección; tras más de veinte años de una controvertida autonomía de los institutos y tribunales encargados de resolver las cuestiones contencioso-electorales, instituciones por las que los contribuyentes hemos pagado mucho dinero, bien podemos decir que nos resta la satisfacción de saber que, por su intervención, cuando menos, hemos logrado transitar hacia un modelo pluripartidista y alternante eminentemente pacífico.

El mundo entero y México en lo particular, vienen resintiendo el efecto que produce la introducción de las tecnologías de la información y la vertiginosidad inherente al intercambio de ideas en tiempo real. Hoy, más que nunca, nadie puede poner en duda lo concerniente a la libertad existente en materia de explotación de ideas a través de las redes sociales y la caricaturización de nuestros protagonistas políticos. Las plataformas que ofrecen las múltiples aplicaciones existentes en las redes sociales hacen de las suyas cuando de la ridiculización de lo público se trata.

El ejercicio, sin embargo, puede ser muy costoso, porque en un sistema pluripartidista como el nuestro la función esencial de los partidos de oposición de proyecta exponencialmente hasta linderos otrora imposibles de pensar, en condiciones de tal alcance y calado que pueden constituir un sistema de acorralamiento perenne de cualquier sujeto encargado de gobernar. La explotación descontrolada de las redes sociales con fines de oposición política, acabará por constituirse como un mecanismo de ataque político que derive en la anarquía.

Si este habrá de ser el escenario en el que la revocación de mandato habrá de concretarse, avisamos un riesgo potencial de muy alta consideración, en la medida en que la solicitud será la consigna política que los partidos de oposición se avalancen a proponer, tan pronto como cualquier gobernante incurra en la más torpe o inocua de las equivocaciones, o sencillamente cuando deba asumir decisiones necesarias pero impopulares.

Nuestro sistema constitucional fue concebido en la estela de las experiencias que los movimientos de independencia de las Américas fueron generando. El federalismo mexicano y las cláusulas de control constitucional, son una copia exacta de los principios que en el mismo sentido quedaron plasmados en la Constitución de los Estados Unidos de América.

El período original para el que el Presidente de México era electo fue de cuatro años, de la misma manera que en la Unión Americana. El artículo 78 de la Constitución Mexicana de 1857 así lo disponía textualmente, y el 83 de la Constitución de Querétaro de 1917 lo reprodujo tal cual. Fue hasta el 24 de enero de 1928 que se publicó la reforma por virtud de la cual el encargo de Presidente de la República duraría seis años, como hasta la fecha.

El período original de cuatro años fue muy corto, pero incorporar en la Constitución una cláusula de reelección, justo en contra del principio de “sufragio efectivo y no reelección” que había sentado indisolublemente la Revolución, se antojaba absolutamente inconcebible, de ahí que se optó por prolongar por dos años más un período que resultaba muy corto en su origen.

Se enfrenta ahora el problema de la impopularidad de la figura presidencial, y el dliema de incorporar en el texto constitucional la figura de la revocación de mandato. En vista de los antecedentes constitucionales que hemos atravesado y de las experiencias vividas en otras latitudes, yo me pregunto si la elección intermedia que permite a un Presidente ser reelecto por una única vez no hace las mismas veces.

Habiendo superado los atavismos de la no reelección, mediante la inclusión de dicha figura a favor de legisladores, presidentes municipales y alcaldes, no sería descabellado adaptar nuestro texto constitucional a una buena parte de nuestra historia y a la funcionalidad de la reelección, para un solo período, de la misma manera en que opera en los Estados Unidos de América.

Sacudiéndonos un poco el irritado orgullo que aflora en nuestro nacionalismo, tras la visita del candidato incómodo, veamos con sensatez los peligros de la revocación de mandato, pero actuemos en consecuencia y adoptemos una figura que nos permita premiar a los buenos gobernantes, o sacudir a aquellos que resulten incapaces.

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