Opinión

La segunda reforma electoral

Aun antes de rubricar la promulgación de la reforma electoral el viernes pasado, el presidente Enrique Peña Nieto ya anunciaba una reforma a la reforma, que bien ejecutada puede ser -ésta sí- una verdadera reforma electoral.

El presidente propuso modificar la base sexta del artículo 41 constitucional que entró en vigor ese mismo día y añadir el verbo “adquirir” para que una elección sea anulable no sólo por la “compra” de cobertura informativa en medios electrónicos, sino también por la “adquisición” en cualquier modalidad.

En los últimos años muchos candidatos a gobernador, presidente municipal y de la República han recurrido a la adquisición de cobertura informativa en medios electrónicos. Se trata de un engaño porque los televidentes o radioescuchas no saben que la noticia o la entrevista que oyen es fruto de un pago más que de su relevancia. Además, se trata de una violación del espíritu de la ley que desde 2007 prohíbe que se adquieran spots políticos en radio y TV.

El modus operandi es simple. Un candidato a gobernador, por ejemplo, contrata a una agencia de publicidad que le vende no sólo el diseño de la campaña sino también acceso a noticiarios de radio y TV. En ocasiones las estaciones cobran directamente a los candidatos por darles cobertura y entrevistarlos y ese rubro de gasto se ha convertido en una de las principales causas que explican el incremento en el costo de las campañas.

Cabe destacar que un segmento creciente de la prensa escrita, sobre todo local, también es parte del problema. Para apropiarse de jugosos presupuestos de publicidad, han surgido en los últimos años decenas de periódicos sin lectores que lucran de la extorsión que hacen a las campañas: págame para que dé cobertura a tu campaña so pena de atacarte y beneficiar a tu adversario.

Como esas operaciones se realizan comúnmente en efectivo y sin facturación, combatirlas legalmente es casi imposible por la falta de pruebas. En los últimos años muchos partidos han denunciado esta práctica, pero nunca han obtenido la razón. ¿Bajo qué prueba uno puede acusar al candidato adversario de que pagó, cuando la única prueba es que aparece en entrevistas o noticiarios?

De acuerdo a criterios del Tribunal Electoral, la palabra “compra” obliga al quejoso a presentar pruebas de contratos o facturas que se hubiesen emitido, algo que nunca ocurre. En contraste, la palabra “adquisición”, que propone ahora el presidente Peña Nieto, puede flexibilizar los criterios legales e incluir diversas modalidades mediante las cuales muchos candidatos acceden a cobertura mediática favorable durante las campañas, sean o no ellos quienes paguen.

Sin embargo, para combatir eficazmente la compra de cobertura informativa durante las campañas, primero se debe combatir el exceso de dinero que los gobiernos pagan en publicidad oficial e inserciones pagadas (gacetillas). El crecimiento de los presupuestos para publicidad oficial ha estimulado que algunos medios oportunistas se vuelvan adictos al dinero público y son esos medios los que han encontrado en las campañas otra fuente de negocio. Si sólo se castiga la fase final de venta de cobertura informativa sin atacar las causas estructurales, la medida que anuncia el presidente será inefectiva y sólo estimulará más litigios sin ir al fondo del problema.

Por lo tanto, la propuesta que hizo el presidente Peña Nieto el viernes pasado debe acompañarse también de su propuesta hecha durante la campaña de 2012 de regular la publicidad gubernamental. La fórmula puede ser simple: a) prohibir la propaganda gubernamental y sólo financiar las campañas gubernamentales de interés público (salud, seguridad pública, educación); b) asignar recursos para esas campañas con base en el rating (medios electrónicos) o circulación (prensa escrita); y c) constituir un instituto autónomo que mida la penetración de los medios de comunicación como la base principal para distribuir la publicidad de los gobiernos.

Es lamentable que la relación entre los gobiernos y algunos medios siga siendo tan clientelista, oportunista y aun corrupta, como lo era en el siglo XX. Y el problema parece empeorar. El ex presidente Felipe Calderón hizo un gran daño al haber quintuplicado en pocos años los recursos de comunicación social —pasaron de poco menos de mil millones de pesos a más de 5 mil. Y lo mismo han hecho muchos gobernadores.

El exceso de dinero público para la llamada comunicación social ha contribuido a deteriorar la calidad del periodismo y ha ido matando gota a gota el papel de los medios como contrapeso del poder público. Prohibir la adquisición de cobertura informativa es sólo un instrumento para desmontar la estructura clientelista que sigue orientando la relación entre muchos medios y el poder político en México.