Opinión

La revolución blanda

Desde que Lucio Cabañas se fue a la sierra hace 47 años para tomar las armas y romper por esa vía la miseria y la marginación, Guerrero ha vivido una convulsión permanente que hoy, sus herederos, ven como el principio de ese cambio para convertirlo en una región autónoma gobernada por comunidades indígenas. Es una apuesta alta, utópica en términos federales, improbable y casi se podría decir que imposible. No lo ven así los arquitectos de esa meta, que ante el agotamiento del pretexto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, escalaron sus demandas. Ya no de justicia, sino políticas, en el prolegómeno de un invierno de mayor confrontación, violencia y provocación.

Ya no es la lucha armada que escogió por impotencia Cabañas, el maestro rural formado en Ayotzinapa. Hoy, sus discípulos optaron por una revolución blanda, para retomar el concepto del afamado profesor de la Universidad de Harvard, Joseph Nye, quien escribió en 1990 un libro fundamental, Bound to Lead, sobre el cambio en la naturaleza de las relaciones internacionales de Estados Unidos, en el que describe cómo cambió su expansión mediante el poderío militar por un poder blando, que sin el uso de las armas incide, influencia y controla los intereses de otras naciones mediante ideología y cultura, como brazo extendido de la diplomacia.

Se puede argumentar que en Guerrero los grupos armados –cuyo núcleo es el EPR–, su frente de masas –organizaciones civiles, sociales y de derechos humanos, junto con colectivos de abogados y productivos–, y el eje multiplicador de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación –la CETEG es parte de la disidencia que tiene en la Sección 22 en Oaxaca su motor rebelde–, están desarrollando con éxito esta estrategia.

Tomar casetas y la autopista del Sol, con lo que al estrangular el turismo en Acapulco, voltean a los empresarios contra el gobierno federal y hacen que las cancillerías del mundo exijan a Los Pinos seguridad para sus ciudadanos. Incendian objetivos estratégicos para que las cámaras de televisión registren las llamas en el Palacio de Gobierno y el Congreso de Guerrero, y saquean y destrozan tiendas y propiedades de empresas multinacionales, para que el gran capital reclame. Como nadie los detiene, la incubación de la idea de un Estado hobbesiano, ingobernable, avanza aceleradamente en el mundo.

En el exterior están los resortes de la presión internacional, con las cancillerías pidiendo la aplicación de la ley, y las organizaciones no gubernamentales que financian, reclamando al Estado mexicano que la aplique sin reprimir. Es la lucha del débil contra el fuerte, donde el débil es el bueno y el fuerte, sin legitimidad. Las imágenes son de paralización, pese a que los poderes, aunque a tropezones, siguen funcionando sin interrupción.

La revolución blanda en Guerrero gana terreno. Este martes se pudo apreciar la sintonía de los discursos entre grupos que, bajo la misma causa legítima de justicia por el crimen contra los normalistas, dibujan para dónde van.

En el Senado, los padres de las víctimas de Ayotzinapa, en voz de uno de ellos, Felipe de la Cruz –el más radical y beligerante de todos– y del abogado Vidulfo Rosales –cercano al ERPI–, afirmaron que no hay condiciones en Guerrero para que se celebren elecciones el próximo año. ¿Qué tiene que ver la justicia en Ayotzinapa con un proceso electoral dentro de casi seis meses? En Chilpancingo, la CETEG aseguró que deben desaparecer los poderes en Guerrero, donde además, no hay condiciones para las elecciones. Hoy sí hay, de acuerdo con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, pero los grupos antisistémicos trabajan aceleradamente para construir la destrucción.

Mientras en el Senado descalificaban a los representantes federales y los rechazaban como interlocutores, en Chilpancingo los maestros disidentes secuestraron a dirigentes de los partidos de izquierda y a funcionarios electorales locales, a quienes humillaron e hicieron desfilar con pancartas de “Fuera Peña” y “en el PRD somos ratas”. La sesión del consejo electoral de Guerrero fue interrumpida con violencia y como los órganos electorales estaban “clausurados”, dijeron, no habría elecciones hasta que no aparecieran los 42 normalistas cuyo paradero y destino aún se desconoce oficialmente.

La causa legítima de Ayotzinapa como el combustible restante de la revolución blanda. Necesitan presionar al gobierno federal y a las instituciones con impedir las elecciones, como la siguiente fase de la estratagema. En este momento todos los grupos antisistémicos están unidos en la misma lógica de trastocar el orden legal y administrativo en Guerrero. Pero el objetivo es distinto –aunque pueden convivir–. Por un lado, los grupos armados, como se escribió en este espacio el 14 de noviembre, buscan crear un corredor indígena que cruce Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que sea un ente autónomo de la Federación. Por el otro, la disidencia magisterial pretende la abrogación de la reforma educativa y que sea ella la que mantenga en esos mismos estados –a los que uniría Michoacán– la rectoría educativa, con recursos y prebendas del gobierno electoral.

Impedir que haya elecciones, como lo plantean públicamente ahora, es sólo un paso más en la estrategia. Para el gobierno federal nada de esto es un secreto, pero no han mostrado capacidad y reflejos para impedir que la revolución blanda les vaya arrebatando día por día, Guerrero. Llevan 76 días consecutivos de derrotas.

Twitter: @rivapa