Opinión

La reforma política que necesitamos

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Exdirectores de Auditoría Interna de la Cámara de Diputados revelan trampas y excesos. (Cuartoscuro)

Pasadas las elecciones, los observadores de la vida política se encuentran –como de costumbre– insatisfechos. Las candidaturas independientes prometen sacudir un poco los males del sistema. De ahí en fuera, no se vislumbra una vía para recuperar la alicaída confianza de los mexicanos en la democracia. Los ciudadanos desconfían porque el sistema propicia la simulación. Tenemos reglas formales que buscan imponer un sistema aséptico, sin márgenes para la injerencia de grupos de interés. En la práctica la realidad se impone. El cálculo de los contendientes es que las violaciones a la ley electoral deben ser suficientes para hacer competitiva su candidatura, pero sin llegar a ser tan burdas para desatar un escándalo mediático (una tenue línea que el PVEM no ha sabido distinguir). En cualquier caso, al final del camino –si se gana por un margen suficiente– habrá algunas multas... y dinero de sobra para pagarlas.

Una primera fuente de simulación son las reglas respecto a los límites al financiamiento. En el ámbito federal, la ley prevé que sólo el 10 por ciento del dinero que los candidatos reciben para las campañas provenga de fuentes privadas. Los expertos estiman que en la práctica la proporción es más o menos la contraria, y que los candidatos llegan a invertir varios cientos de millones de pesos a algunas campañas. Así las cosas, las carretadas de dinero público, que buscan garantizar la equidad en las contiendas, no son más que tirar dinero bueno al malo. Tal vez sea tiempo de transitar a otro esquema de financiamiento, que resulte menos oneroso para el erario y que permita a los ciudadanos, cuando menos, conocer quiénes fueron los particulares que le apostaron a cada candidato.

Otra fuente de simulación es la operación electoral. En términos generales, los políticos en México no le apuestan a convencer a los ciudadanos; su prioridad es conseguir el favor de un grupo de grandes operadores, que a su vez disponen de una red de pequeños operadores en cada colonia. A puerta cerrada, los políticos reconocen que las elecciones las ganan las estructuras. Por citar un ejemplo conocido, se dice que por años el principal operador político en la capital ha sido René Bejarano. Algunos comentaristas han señalado que si el PRD perdió en las delegaciones donde la corriente Izquierda Democrática Nacional (bejaranista) controla la estructura (Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan y Xochimilco), fue porque Bejarano se negó a operar a favor de los candidatos del PRD.

En todas las democracias del mundo existen maquinarias electorales. Sin embargo, en México los operadores actúan a espaldas de la ciudadanía y por medio de la compra del voto. Éste es uno de los factores que vacían de sustancia nuestro sistema democrático y que encarecen más el costo real de las campañas. Dentro de esta lógica, las elecciones tienen más de carrera para movilizar recursos que de competencia entre proyectos políticos.

Para tratar este mal es necesario sacar a las estructuras y los operadores de la penumbra en la que actualmente operan, imponerles límites y supervisarlos. Lograrlo será muy difícil, pero implica, por lo menos, que los candidatos nos digan quiénes son sus operadores (así sabremos si son recompensados con cargos públicos o contratos) y cuánto dinero destinan a contratar sus servicios.

Otro mal crónico de nuestra democracia ha sido la falta de confianza en la neutralidad de las autoridades electorales. El sistema de cuotas para el nombramiento de los consejeros electorales, que ha prevalecido desde la creación del IFE, ahora INE, es la razón de origen de este deterioro en el prestigio del Instituto. En 2003, Elba Esther Gordillo, entonces coordinadora de los diputados del PRI, promovió dentro de su bancada a Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del Instituto.

En sus memorias, Ugalde reconoce que “los diputados negociaban en privado y nadie conoce los criterios que orientaban sus decisiones. Parecían más interesados en nombrar personas que les dieran certeza a ellos, los partidos, que a los ciudadanos.” Años más tarde, después del cataclismo que fue la elección de 2006, el senador Manlio Fabio Beltrones se empeñó en una reforma que implicaba destituir a todo el Consejo General del IFE, vulnerando irremediablemente su autonomía.

Al parecer la insistencia del senador Beltrones fue una venganza personal en contra de quien él percibía como el aliado de su rival, la maestra Elba Esther. Para recuperar la confianza en el INE es indispensable terminar definitivamente con el sistema de cuotas en el nombramiento de consejeros. Además de una gran dosis de voluntad política será indispensable que los legisladores hagan transparentes los criterios que siguen para nombrar a los consejeros.

Por último, coincido con quienes señalan que necesitamos una reforma que favorezca la construcción de mayorías. El principio de representación proporcional agotó su propósito en los años 80 y 90, cuando el país apenas despertaba al pluralismo político. Hoy es anacrónico. No ha servido para dar representación política a las minorías (no hay un solo partido, por ejemplo, que tenga en su agenda llevar a representantes de los pueblos indígenas al Congreso). En contraste, sí ha engendrado al menos un partido netamente rentista, al que todo se le solapa porque ha demostrado ser decisivo para alcanzar mayorías en el Congreso.

Hace cinco años José Córdoba y José Woldenberg participaron en un debate sobre este tema auspiciado por la revista Nexos. Con lucidez plantearon dos alternativas: o mantenemos el pluralismo y renunciamos al sistema presidencialista; o mantenemos el sistema presidencialista y renunciamos a las fórmulas de representación proporcional. Ambas opciones son legítimas y merecen considerarse. Lo que ya no se puede es eludir el problema de fondo, y seguir parchando un sistema que ha demostrado ser disfuncional.

Twitter: @laloguerrero

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