Opinión

La reforma política del Distrito Federal

 
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Los carriles centrales de Paseo de la Reforma serán cerrados a partir del jueves para instalar el escenario para el concierto de Carlos Santana. (Archivo/Cuartoscuro)

Buena noticia que la Cámara de Diputados –por amplia mayoría– haya aprobado el dictamen de la reforma política del Distrito Federal (DF).

Falta aprobación del Senado y de las legislaturas estatales. Concluido el proceso legislativo, el DF se convertirá en el estado número 32 bajo el nombre de Ciudad de México.

Cuatro beneficios potenciales. Primero, la nueva Asamblea Legislativa de la Ciudad de México será parte del Constituyente Permanente, eso es, participará del proceso legislativo para reformar la Constitución federal. Hasta ahora la Asamblea del DF no participa pues carece de las atribuciones de un Congreso local, de los cuales se requiere el voto de la mitad más uno para cambiar la Carta Magna. La participación de la futura Ciudad de México enriquecerá el proceso, siendo una entidad densamente poblada, plural y con una enorme dinámica económica, cultural y política.

El segundo beneficio potencial deriva de que las delegaciones políticas se convertirán en alcaldías y ello puede estimular un nuevo balance del poder local. Por un lado, la transformación del gobierno delegacional en un órgano colegiado (las demarcaciones de la Ciudad de México serán gobernadas por un Concejo de entre diez y 15 miembros encabezado por un alcalde) introducirán nuevos contrapesos a las decisiones que puede tomar un jefe delegacional.

El tercer beneficio es que las alcaldías tendrán más independencia en el manejo de sus propios recursos. Las demarcaciones podrán acceder a fondos y asignar su presupuesto sin depender de la buena voluntad del jefe de Gobierno, como los fondos generales a los que hoy pueden acceder los municipios gracias a la Ley de Coordinación Fiscal. Sin embargo, hay que subrayar que este modelo ha llegado a ser bastante negativo en algunos municipios del país, donde los ediles hacen un ejercicio discrecional de los recursos públicos sin que los regidores o los congresos locales vigilen y sancionen el malgasto.

Un cuarto beneficio potencial es la conformación de un Constituyente que debatirá y votará la nueva Constitución de la Ciudad de México. La Asamblea Constituyente estará integrada por 100 diputados: 60 por el principio de representación proporcional, 14 senadores y 14 diputados federales designados por las dos terceras partes de su respectiva Cámara, así como seis constituyentes designados por el presidente de la República y otros seis por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El Constituyente se puede convertir en un ejercicio democrático que no se ha visto en México desde 1917. Aunque 40 constituyentes serán designados por los partidos y por el presidente y el jefe de Gobierno, algo que muchos ven como antidemocrático, las deliberaciones pueden dar lugar a un ejercicio responsable y representativo y dar lugar a una Constitución moderna que sea un experimento de nuevos modelos de gobernanza.

Desde los años noventa la gobernabilidad del DF se ha gestado a partir de la alternancia en 1997, de la presencia de la izquierda como fuerza dominante y de un esquema de clientelismo que ha generado inclusión pero a costa de dispendio de recursos, corrupción y mala planeación y ejecución de programas sociales. Aunque el gobierno central ha mantenido control en muchas áreas y facilitado la promoción de una vida cultural y económica, en muchos gobiernos delegacionales persiste opacidad, creciente corrupción y mala planeación y ejecución de programas públicos.

Que haya una nueva Constitución no garantiza que el ciudadano tenga mejores servicios públicos ni que su vida cotidiana mejore. En muchos estados del país la existencia de cabildos no garantiza un control eficaz del desempeño de los alcaldes ni evita la corrupción. De hecho, en ocasiones son los regidores parte del problema y no de la solución.

¿Tendremos mejores gobiernos locales porque haya concejales y los nuevos alcaldes deban rendirles cuentas? No necesariamente.

Lo mismo aplica para la conversión de la Asamblea Legislativa en un Congreso local. Que los asambleístas sean ahora diputados locales no cambia el sistema de incentivos perversos que orientan la labor de muchos legisladores. No veo por qué la ALDF gastaría mejor o transparentaría su gasto. Tampoco que su sistema de comisiones funcione mejor.

No obstante, un nuevo Constituyente tiene la oportunidad de legislar con inteligencia e innovación y establecer incentivos que modifiquen el esquema clientelista que sostiene el aparato político de la ciudad de México. Tiene la oportunidad de establecer un nuevo marco de legalidad y, el jefe de Gobierno, la oportunidad política de sembrar una nueva cultura de la legalidad.

Desde el siglo XIX sabemos que una buena Constitución no cambia el corazón de los políticos. Pero sí puede ser una oportunidad de imaginar un nuevo esquema de gobernabilidad que se base en la aplicación de la ley —de un sistema normativo inteligente y liberal— y no en la negociación clientelista.


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