Opinión

La reforma peñista, contra el Internet libre

Uno de los avances más significativos de la reforma constitucional en telecomunicaciones fue que se incorporaron derechos humanos de tercera generación, entre ellos el acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), la neutralidad de la red y los derechos de los usuarios y de las audiencias.

Este precepto constitucional es violentado en la iniciativa del gobierno federal, en los artículos que regulan la “colaboración con la justicia” y en varias de las funciones que se atribuyen a la Secretaría de Gobernación en materia de regulación de contenidos.

El artículo 7 de la Constitución prohíbe que alguna ley o autoridad establezca “la censura previa” o “coarte la libertad de difusión”.

Es justo lo que hace la iniciativa del Ejecutivo al restablecer la “censura previa”, sobre todo en Internet. Un ejemplo claro está en la redacción del artículo 145 (fracción III) que obliga a los concesionarios a “bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.

Este capítulo VI carece además de definiciones claras y deviene en persecutorio, dado que permite el bloqueo de contenidos, y abre la puerta a la aplicación de penas judiciales a los usuarios que compartan contenidos y archivos de productos simbólicos y culturales, poniendo como pretexto que se violaría la Ley Federal de Derechos de Autor.

Según varios especialistas, la ambigüedad de la redacción podría además violentar la neutralidad de la red.

La fracción VII del artículo 197 faculta a las autoridades a bloquear o anular las señales de todas las bandas de telecomunicaciones, en “eventos y lugares críticos para la seguridad pública nacional”.

Estamos frente a un mecanismo propio de regímenes autoritarios, debido a que esta disposición podría impedir la labor periodística, el registro de violaciones a los derechos humanos e incluso el funcionamiento de servicios de emergencia durante manifestaciones públicas”.

Medidas similares han merecido la condena de los relatores de Libertad de Expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La organización Artículo 19 argumenta que el “principio de neutralidad en la red es el presupuesto práctico de los derechos a la no discriminación, libertad de expresión y acceso a la información en los servicios de internet reconocidos en los artículos 1º y 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1.1 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 2.1 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)”.

El objetivo de tal principio es “defender el supuesto básico a partir del cual ha operado hasta ahora el Internet: Internet abierto; es decir, que todas las personas, desde cualquier lugar del mundo, puedan acceder a todo tipo de contenido, en todo momento, a través de Internet”.

Para el Artículo 19, “la experiencia internacional en materia de regulación de la red demuestra que existe identificación entre mayor regulación y regímenes o medidas autoritarios”.

En el caso de la iniciativa de Ley en Telecomunicaciones de Peña Nieto, el artículo 145 “dispone que la neutralidad se circunscribe a la legalidad de los contenidos, (lo cual) subvierte el principio y se establece un régimen de censura previa. Ello se traduciría en claros vicios de convencionalidad y constitucionalidad -expresamente por contravención a los artículos 6º y 7º de la Constitución, 13 del CADH y 19 del PIDCP- y violaciones al principio de neutralidad en la red”.

Los artículos 6 y 7 de la Constitución establecen la libertad de expresión y también la inviolabilidad del derecho a difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. “No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares”, dice el artículo 7.

En varios puntos de la iniciativa se advierte una clara violación a esta orden constitucional.