Opinión

La reforma en telecomunicaciones que necesitamos

Cada vez somos más los que en insuperable paciencia tenemos que soportar un servicio de telefonía celular pésimo; la velocidad de Iiternet es tan lenta como cara y la televisión concesionada -nunca se repetirá lo suficiente- carece del objetivo de contribuir al desarrollo integral en la formación de las franjas de población desprovistas de educación.

El día de hoy cuando en el Congreso se analiza, discute y propone la ley secundaria en estas materias tan decisivas, ¿qué reforma necesitamos?

Nos urge una transformación legal que piense en el usuario antes que en cualquier otro interés.

Diversos expertos, como si fuera una sola voz, nos han dicho que la incorporación de muchas medidas que ya están en la Constitución fue un acierto. El año pasado se festinó como un triunfo del interés general sobre el particular. Se dijo que estábamos a un paso de evitar la desmedida concentración del mercado en unas cuantas manos como ha venido ocurriendo desde el siglo pasado. Esto supone que con la ley reglamentaria, vendrá una auténtica y necesaria competencia para que reine la pluralidad y estemos ante el variadísimo arco de contenidos y servicios que nuestra sociedad en crecimiento demanda.

Sabemos que necesitamos una reforma que se abra y permita el acceso a los muy variados ángulos que hoy no tienen ni lugar ni acomodo en esas prestaciones.

Todos los partidos políticos han declarado querer eso; los dirigentes políticos de cualquier color, juran velar por recuperar nuestros más caros valores en la radiodifusión, mejorar considerablemente la telefonía y hacer del internet un aliado en el desenvolvimiento nacional.

¿Es esto posible?

Para que el interés general, reconocido como tal, sea más importante y decisivo que los intereses grupales, sin que éstos pierdan su legitimidad, falta encontrar entre las fuerzas políticas presentes los términos de un verdadero y auténtico compromiso social. Una gestión semejante no anula la confrontación de intereses, tampoco suprime los naturales conflictos. Organiza, eso sí, el tratamiento pacífico, civilizado entre ellos. Garantiza el pluralismo a través del reconocimiento de las partes. Pero sobre todo, su legitimidad proviene de encarnar, en un momento dado, la voluntad popular mayoritaria. Eso es lo que necesitamos.

A los mexicanos no nos incumbe decir si la transformación vendrá por la preponderancia en los “servicios” o se hará por “sectores”. Tampoco queremos más mediocridad. Aspiramos a que no haya ventajas para nadie, especialmente de las empresas enfermas de gigantismo. Estamos urgidos de una sana competencia con nuevos rostros y mucho talento. Esperamos una reglamentación que se ajuste fielmente al texto constitucional.

¿Es mucho pedir que no haya privilegios?

Una sociedad democrática no puede consentir esfuerzos a menos que tenga conciencia de que éstos se distribuyen con equidad y tenga una representación clara de lo que puede esperar de esto.

Nuestros legisladores deben darnos una muestra cabal de que obran con amplio criterio, decisivo propósito de servirnos y con la generosidad que demanda el vocablo "Patria".