Opinión

La rebelión de los alcaldes

 
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Veracruz. (Cuartoscuro)

A Olguita, por nuestros primeros 20.

La toma del Palacio de Gobierno de Veracruz, que realizaron alcaldes provenientes del PAN y PRD principalmente, es la primera rebelión de un grupo de presidentes municipales ante los abusos que son objeto por parte de algunos gobernadores, lo cual no es práctica nueva, pero sí de este tamaño.

El abuso se facilita por el desconocimiento que tienen los alcaldes en general, incluso muchos que después han sido gobernadores, respecto al sistema nacional de coordinación fiscal, sobre sus derechos y obligaciones. Así como de la operación de las fórmulas estatales para la distribución de las participaciones, muchas llenas de opacidad y obsoletas, como la de San Luis Potosí.

Veracruz no es el único estado donde este abuso contra los alcaldes se ha dado, hay muchos más y en el tiempo se han presentado denuncias de algunos de ellos en estados como Oaxaca o Guerrero.

Las participaciones a los municipios se transfieren a las secretarías de Finanzas y éstas a su vez tienen que pagarlas a los municipios. El artículo sexto de la Ley de Coordinación Fiscal dice textualmente en su segundo párrafo que: “la Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los estados, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que el estado las reciba, el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago de intereses a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento, la Federación hará la entrega directa a los municipios… previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales…”.

Asimismo, es claro que tiene que ser en efectivo, sin condicionamientos de ningún tipo, y al igual que las de los estados son inembargables, “salvo para el pago de obligaciones contraídas por estados o municipios, con autorización de las legislaturas locales” (artículo 9), no sólo las de la deuda pública, también por adeudos a terceros como el ISSSTE o el IMSS, previo convenio entre el estado y esas dependencias.

El problema de Veracruz -y ya algún alcalde de Durango protestó esta semana- es que Hacienda cumplió con transferir al estado las participaciones municipales. No es el primer caso en que no se les paga completo ni a tiempo, pero son pocos los que se atreven a protestar y se quedan callados como en Chiapas en la administración de Sabines. Lo contrastante es que en algún momento, hace unos 10 años, había 22 gobernadores cuya responsabilidad anterior fue la de presidente municipal.

Pero como dijo alguna vez uno de ellos, “los alcaldes no entienden” y no hacen sus previsiones presupuestales para poder cubrirlos, por ello “les hago su guardadito”. Es común ver a los alcaldes hacer antesala en las oficinas de los secretarios de Finanzas estatales, para solicitar que “los apoyen” para poder cubrir sus aguinaldos. Los “del guardadito” lo reciben en diciembre, pero en los que no, cada vez es más difícil que puedan prestarles o anticiparles.

Para saldar el adeudo, el nuevo gobierno recibirá en 2017 cerca de tres mil millones mensuales de participaciones, de los cuales por lo menos 20 por ciento va a los municipios, por lo que con un anticipo de dos meses recibiría seis mil millones, netos serían cinco mil 400, a partir de enero de 2017, reteniendo el pago del anticipo, mes a mes, directamente de sus participaciones.

El servicio de la deuda pública veracruzana para este año supera cinco mil 300 millones de pesos, y tendrá que devolver 610 millones del FEIEB que se le pagó en abril y que se gastó el actual gobierno, por lo que más deuda y para gasto corriente no es viable, lo prohíbe la ley.

La rebelión de los alcaldes, los rectores, los proveedores, los pensionados, llevan a cantidades extremas la deuda de esta entidad tan lastimada por la corrupción y un irresponsable manejo de su hacienda pública.

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