Opinión

La reapertura del TLCAN

 
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TLCAN. (intoleranciadiario.com)

A pesar de que existen analistas que anticipan la posibilidad de que el discurso se atempere y de que la xenofobia encausada pueda tomar rumbos menos agresivos a los que a lo largo de los últimos meses se vinieron percibiendo, una cosa es segura, y es que el ahora presidente electo ha dado señales claras de que, el primer punto que contemplará su agenda económica estará encaminado a definir una nueva estrategia de comercio con México.

El intercambio de bienes entre ambos países arroja en esta época un flujo de capital que suma 500 mil millones de dólares al año, situando a los Estados Unidos de América, por mucho, como el primer socio comercial de nuestro país.

No cabe la menor duda de que el origen de este tránsito binacional de bienes y servicios obedece, en una muy buena medida, al Tratado de Libre Comercio que el [entonces] presidente Carlos Salinas negoció y firmó en diciembre de 1992, un acuerdo que ha traído a México un número de empleos que podría ascender a varios millones, por la sola comparativa entre los que existían hasta 1994 y los que hay hasta la fecha, en función del incremento de exportaciones (aunque el número más importante siempre ligado con los programas de maquila y siempre incuestionablemente deficitario con relación a los que se necesitan).

Se tratará siempre de un número comparable contra los cerca de cinco millones creados en Estados Unidos en actividades paralelas para abastecer la demanda que generan otros sectores de comercio con México y el resto de América Latina, justamente a partir del proceso de integración que a lo largo de las últimas décadas se ha venido viviendo en la región. ¿Qué hay detrás de este impulso discursivo?

Del fragor de las palabras proferidas por el hoy presidente electo Donald Trump, toda la lógica nos conduciría a suponer que el ánimo de reapertura y renegociación del Tratado estará encaminado a reformar las áreas del acuerdo relacionadas con el desarrollo económico que más incide en la generación o conservación de fuentes de empleo, como la automotriz. Habiéndose consolidado su campaña con el voto de las clases desfavorecidas del noreste de Estados Unidos, como las de Michigan y Ohio, el primer embate se dirigirá a recuperar una parte del poderío que otrora tuvo Estados Unidos en ese mismo segmento del transporte. Sin embargo, ¿de verdad estará dispuesto el consumidor norteamericano a dar ese paso regresivo, especialmente en términos de precio, a favor de un bien que dentro de su cultura resulta esencial, como el automóvil?

Habría sido reparador escuchar un discurso defensivo del Tratado por parte del presidente de la República y aplaudir una retórica más agresiva en pro del mantenimiento más firme de los compromisos internacionales asumidos por ambos gobiernos, pero seamos honestos, la debilidad de nuestra economía y la necesaria conservación del trabajo de miles de mexicanos obligan al titular del Ejecutivo a asumir una posición de política exterior más moderada y de conciliación.

Hoy debemos enfocarnos en anticipar qué es lo que sucederá ahora que el TLCAN vuelva a ser puesto sobre la mesa de negociación. Una parte tendrá que ver con aquello que ya se discutió y que ha arrojado los resultados que hemos señalado anteriormente; otro, sin embargo, está relacionado con algunos ámbitos de nuestra economía que desde su origen quedaron excluidos.

Al firmarse el TLCAN se incorporaron reservas estratégicas que México hizo valer en el marco de las restricciones que su propia Constitución imponía. En esas condiciones, ni las telecomunicaciones, ni tampoco la industria energética, eléctrica y de hidrocarburos, formó parte de la negociación de 1992.

Sin embargo, el marco constitucional ha cambiado y, si bien es cierto que existen restricciones de carácter constitucional con relación al papel que guardarán las empresas productivas del Estado tratándose de la generación y comercialización de la energía eléctrica, o la exploración y extracción de hidrocarburos, es pertinente hacer notar que no existen restricciones, ni con relación al tipo de personas con las que éstas pueden firmar contratos, ni tampoco con relación a la amplitud de actividades que los extranjeros pueden llevar a cabo en mercados o ámbitos de desarrollo paralelos (e.g. refinación y petroquímica básica).

La Ley de Hidrocarburos plantea la conveniencia de integrar a la cadena económica inherente a la exploración y extracción del petróleo a las empresas de nacionalidad mexicana mediante políticas de contenido nacional, pero dicha Ley no deja de estar, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, por debajo de los tratados internacionales.

Todo haría suponer que las condiciones están dadas para que, de llegarse a reabrir el texto del TLCAN, nada impida que los ámbitos que en algún momento fueron objeto de legítima reserva por parte del Estado mexicano, queden abiertos a un nuevo flanco de ataque por parte de inversionistas estadounidenses y canadienses. Es muy oportuno iniciar el proceso de valoración de aquello que podría interesarles al respecto, y adelantar la estrategia de defensa procedente.

Además de la fiereza con que la cancillería, las secretarías de Economía y de Energía, y la propia Presidencia, deberán defender la soberanía energética del país, que podría verse amenazada en este nuevo proceso de discusión, estará a prueba la coordinación, la cooperación y entendimiento de quienes tienen la enorme responsabilidad de defender los intereses de la Nación en el campo de la política exterior: el Senado de la República.

Puede así llegar a surgir la apremiante y siempre conveniente necesidad de que entre los partidos se alcance un nuevo acuerdo, que no tendrá que ver con impulsar reformas que produzcan un nuevo efecto hacia el interior, sino más bien impulsar una política de defensa hacia el exterior, que no pugne con el desarrollo, pero que sí salvaguarde los intereses que, desde la óptica más patriótica y eficiente que sea posible, defienda el propósito primordial de la reforma energética al artículo 27 constitucional: la de garantizar la mayor posibilidad de ingresos a favor de la Nación, que contribuyan a su desarrollo de largo plazo.

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