Opinión

La purga en PGR

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Arely Gómez. (Cuartoscuro)

La semana pasada la procuradora Arely Gómez anunció una depuración mayor en la dependencia que encabeza. Señaló que de entrada habría relevo de los delegados de la dependencia en las 32 entidades federativas. El pasado viernes ya fueron nombrados nuevos delegados en 22 de ellas (se dejaron para más adelante los nombramientos en los estados en los que habrá cambio de gobernador a efecto de dialogar, “por respeto”, con los mandatarios entrantes). Asimismo se anunció que los nuevos delegados estarán obligados a presentar resultados en tres meses y a conocer el nuevo sistema acusatorio.

La renovación de los delegados no es un movimiento menor, pues estos funcionarios tienen autoridad sobre todas las investigaciones de delitos federales —incluyendo tráfico de drogas y delincuencia organizada— que PGR desarrolla en sus respectivas entidades. El personal a su cargo es responsable de investigar, por ejemplo, si un gobernador tiene vínculos con el crimen organizado; o de integrar la averiguación previa que permita consignar a los sicarios de una organización criminal. Por lo mismo, los delegados son el blanco de enormes presiones por parte de distintos grupos de interés (desde autoridades hasta organizaciones criminales) y tienen también oportunidades casi inagotables para corromperse.

En los últimos años, delegados van y delegados vienen. Sin embargo, hasta ahora la PGR no ha dado con una fórmula para hacer frente al desafío que supone la corrupción en las delegaciones estatales. Se han intentado varias estrategias. En los tiempos de Fox, cuando era procurador el general Rafael Macedo de la Concha, se estableció un esquema de rotación (es decir, de cambio periódico del estado al que cada delegado está adscrito). En la práctica, este esquema ha sido señalado como un mero mecanismo para castigar a los funcionarios desafectos al gobierno, enviándolos a las entidades más conflictivas.

Tampoco son una novedad las “purgas”, como la que se está llevando a cabo en estos días. Algo similar intentó la exprocuradora Maricela Morales en 2011, cuando solicitó la renuncia a 24 de los 32 delegados estatales. Entre la rotación, la purga y las remociones por corrupción, a lo largo del gobierno de Felipe Calderó los delegados de PGR cambiaron cuatro veces en promedio. Algunas de las entidades más conflictivas, como Michoacán y Tamaulipas, cambiaron de delegado seis veces (es decir, una vez por año). Cabría preguntarse si la ineficacia que parece ser el sello en la actuación de PGR no se debe en alguna medida a este frenético ritmo de cambio en sus estructuras.

Ni las remociones ni la corrupción en las delegaciones de PGR se han detenido en la actual administración. Por una parte, algunos de los funcionarios que dejarán su encargo habían sido nombrados hace apenas unos meses. Por ejemplo, apenas en enero fue removido el delegado en Michoacán luego de que se detectaron irregularidades en la liberación de 43 detenidos por un enfrentamiento en Apatzingán. Por otra parte, la deficiencia en la integración de investigaciones ha seguido siendo recurrente, incluso en casos de alto perfil mediático. Para muestra bastan las inconsistencias que este fin de semana se ventilaron en torno a la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

El nombramiento, la supervisión —y en su caso la remoción— del personal de PGR, incluyendo a los delegados, debería ser una actividad permanente a cargo de la Visitaduría General (la unidad diseñada para vigilar la conducta de los funcionarios), no una encomienda personal de los procuradores entrantes. Desafortunadamente, mientras la norma en otras latitudes es que la procuración de justicia se conciba como una función de Estado, en México sigue siendo un instrumento más para ejercer el poder desde el Ejecutivo. Es posible que con la transformación en 2018 de la PGR en una Fiscalía General con autonomía constitucional se avance hacia un sistema de procuración de justicia más profesional, en el que se establezcan mecanismos para la formación de cuadros (de forma similar a como ha ocurrido en las últimas décadas en el Banco de México). Habrá que esperar.

El relevo de los delegados de la PGR es, en resumen, una apuesta arriesgada. Por su carácter tajante e indiscriminado, parece un desplante más que una política de fortalecimiento institucional. La procuradora anunció que los nuevos delegados aprobaron “filtros” de las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de la propia PGR. Esperemos que así haya sido. Por lo pronto, cabe mencionar que en los nombramientos del pasado viernes hay varias caras conocidas en las delegaciones. Entre otros, en Chihuahua fue nombrado Édgar Pineda Ramírez, quien en 2011 renunció a encabezar la delegación en Michoacán; y en Jalisco fue nombrado Ramón Ernesto Badillo, quien se había desempeñado como delegado en Nuevo León. Esperemos también que haya explicaciones si dentro de pocos meses —como ya ha pasado después de otras depuraciones— alguno de los nuevos delegados tiene que ser removido por faltas graves en el desempeño de sus funciones.

Twitter: @laloguerrero

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