Opinión

La propuesta de Graco

La grave crisis que enfrentamos, puesta en evidencia a partir de los trágicos acontecimientos de Iguala con los normalistas de Ayotzinapa, ha provocado una enorme corriente de crítica y opinión en torno al modelo policiaco y político vigente en México. Fuerzas del orden al servicio del narco y del crimen organizado –como se ha demostrado por lo menos en Guerrero y en Michoacán– funcionarios electos para municipios, congresos locales, cabildos e incluso a niveles estatales, acusan una profunda crisis de descomposición social, política, de seguridad. No es algo nuevo, lo sabemos desde hace años y no encontramos a nivel país, los mecanismos y los instrumentos para revertirla.

Tal vez existen dos casos en México que merecen atención y estudio: el de la policía única con mando estatal en Nuevo León que el gobernador Rodrigo Medina puso en marcha para el segundo año de su gobierno y que ha registrado, hasta ahora, mejoras importantes en los niveles de seguridad en esa entidad.

El otro caso es el mecanismo orquestado por el gobernador Graco Ramírez en Morelos, donde como sabemos, los niveles de inseguridad, secuestro y centro operativo de múltiples líderes del narco, se había asentado en los últimos 15 años. En la óptica de Graco, las policías municipales son las más vulnerables a la influencia, penetración y total sumisión al crimen organizado. Un efectivo municipal con un sueldo de 4 mil 500 o seis mil pesos, pobremente preparado, mal entrenado, mal equipado, es prácticamente irresistible a los dineros y controles del narco. Y además, si acaso se tratara de fondo de un asunto de ética y valores, son rápidamente aplastados cuando se trata de amenazas de vida, secuestros de familiares y extorsiones mayores. Hay cientos de policías en ciudades medias de México que han preferido renunciar y buscarse otra forma de vida, a tener que enfrentar, casi por sí solos, la presión, la extorsión de los grupos criminales.

El gobernador de Morelos convocó a todos los presidentes municipales de su estado, les presentó las cifras, les explicó el fenómeno y los convenció de que cedieran el control policiaco total a comandos estatales. En opinión del gobernador, el país requiere de mandos únicos de fuerzas del orden en manos de cada gobierno estatal. Mandos coordinados y en estrecha colaboración con la marina y el ejército, con el Cisen y con la Policía Federal para labores de inteligencia. La única forma de detener esta perniciosa asociación entre políticos locales y funcionarios electos con el crimen, es retirando el mando de la seguridad de los municipios.

Graco dice que en Morelos ha arrojado, hasta ahora, resultados positivos. Que ha permitido seguir más de cerca de aquellos funcionarios que pudieran tener relaciones con el crimen. Morelos vive en permanente riesgo por la vecindad con Guerrero, y por el abandono que durante dos gobiernos panistas se dio a los grupos delincuenciales.
Según el gobernador, hay un proceso de avance en diálogo con autoridades federales y también en el seno de la Conago. Otros gobernadores podrían aceptar una iniciativa en este sentido.

Ya han aparecido las voces puristas que hablan del municipio libre y del precepto jurídico protegido por la constitución. Pero en voz de Graco, hoy la crisis es de tal dimensión, que merece medidas incluso, de modificación constitucional.

Los partidos políticos –serios y maduros como los que tenemos en México ¿no cree usted?– debieran elevar sus controles y filtros para evitar que militantes ligados al crimen pudiesen convertirse en candidatos y después, en funcionarios.

A un lado deben hacerse los intereses políticos y electorales –ya en puerta– para aprobar modificaciones a la Constitución y tomar medidas. Si no hacemos algo para impedir que policías municipales sean empleados del narco, estamos condenados a que se infiltren a congresos, cabildos, Cámaras e incluso, a gobiernos estatales.