Opinión

La propuesta anticorrupción de Morena (II)

05 diciembre 2017 12:54
 
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AMLO

Es imposible subestimar la importancia que tiene el tema de la corrupción en el discurso del presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Esa importancia se refleja en el documento Proyecto de Nación 2018-2024 (www.proyecto18.mx), presentado por Morena el pasado 20 de noviembre. Por ello, resulta atractivo y útil para el debate público revisar las propuestas concretas de ese partido político sobre el combate a la corrupción.

La propuesta general se enfoca en la importancia de la voluntad política para cumplir la ley y combatir la corrupción y en desechar (o reducir al mínimo) las reformas que el Ejecutivo proponga al Legislativo. Todas las propuestas sobre corrupción deben, en principio, apegarse a la “observancia de las leyes tal y como se encuentren redactadas en diciembre de 2018”.

La visión general sobre la corrupción (pp. 27-74) se fundamenta en el fortalecimiento de la honestidad de la sociedad mexicana, herencia de la civilización mesoamericana. La primera propuesta gira en torno a la “Austeridad republicana”, inspirada en preceptos juaristas sobre la honrada medianía en la que deben vivir los gobernantes. La segunda propuesta tiene que ver con la eliminación de los conflictos de intereses en la vida pública. Las propuestas de solución en esta parte son la promulgación de una Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés y la autonomía de las instancias anticorrupción. Se propone además un cambio a la Constitución para que todas las personas que entren en el servicio público se deshagan de sus activos e intereses económicos que puedan afectar el ejercicio de sus responsabilidades públicas, la prohibición de vínculos de negocios con proveedores de gobierno de parientes de servidores públicos hasta en cuarto grado y un sistema universal de declaración patrimonial. La tercera propuesta es un programa anticorrupción en los sectores fiscal y financiero para prevenir el lavado de dinero, bajo el cual se promoverá la colaboración internacional, el endurecimiento de controles, auditorías inmobiliarias en Estados Unidos de políticos mexicanos, una ley de conflictos de intereses en materia financiera, eliminación del secreto bancario, fiduciario y fiscal en investigaciones. La cuarta propuesta tiene que ver con el “Levantamiento del velo”. Antes de que las buenas conciencias se escandalicen, hay que aclarar que esta propuesta tiene que ver con mayores controles y transparencia absoluta para las actividades de actores del sector privado que se ven involucrados en investigaciones de corrupción. En concreto se propone hacer sujetos obligados de acceso a la información a los actores privados que reciban recursos públicos y el endurecimiento de sanciones. En quinto y sexto lugar, hay un conjunto de propuestas relacionadas con licitaciones y contrataciones públicas, entre las cuales destaca la prohibición de adjudicaciones directas y la transformación de Compranet en otro sistema llamado Contratanet, evitar la participación de empresas fantasma en licitaciones, hacer verificaciones de precios de mercado y ampliar mecanismos de participación ciudadana. Se proponen además varios cambios a las leyes, con el fin de incorporar la prisión preventiva oficiosa para casos de corrupción, y que a los servidores públicos investigados se les dé el mismo trato que a quienes se les investiga por delincuencia organizada.

Resalta de forma muy particular la contradicción entre la idea general de no proponer cambios en la ley y las propuestas de cambios legales. Creo que es necesario conciliar ambas intenciones. Hay párrafos que me parecen rescatables del diagnóstico; hay también propuestas específicas que me parecen edificantes, sobre todo en cuanto al combate a conflictos de intereses, lavado de dinero y sistemas universales de declaración patrimonial. Pero se encuentran perdidas entre un conjunto de generalidades que por su radicalidad es importante matizar o explicar mejor. Hay en este documento propuestas que podrían afectar la competitividad del sistema financiero mexicano y otras que podrían limitar nuestras posibilidades de recibir inversión extranjera. Hay también omisiones graves, como el aparente desdén hacia el papel del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el rol de los sistemas de servicio profesional de carrera en la creación de una cultura del mérito, así como la ausencia de menciones a otras políticas de vanguardia en el combate a la corrupción, como el uso de mecanismos de inteligencia de datos, el uso de técnicas de economía del comportamiento y de indicadores que midan el desempeño de las instancias anticorrupción. También preocupan las afirmaciones que parecen errores o que no están bien sustentadas, como cuando se menciona que el Poder Judicial no tiene representación en el SNA. Me preocupa en especial el énfasis en el endurecimiento extremo a las acciones judiciales en contra de quienes están siendo investigados por supuestos actos de corrupción, énfasis en el cual se percibe un posible deseo de venganza política.

En términos generales, se trata de una propuesta que está en proceso de consolidarse en un programa más congruente para prevenir y combatir la corrupción. Considero que sustentar una propuesta anticorrupción en el fortalecimiento de la honestidad y en la voluntad política resulta un tanto naïve, y que cualquier propuesta seria sobre estos temas debe tener como base el fortalecimiento de las instituciones, de la gobernanza y de la capacidad técnica y legal del Estado para en primer lugar prevenir y en última instancia sancionar los actos de corrupción.

Twitter: @benxhill

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