Opinión

La profunda crisis del vecino del sur

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En Guatemala se han registrado constantes protestas exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. (Reuters)

Los problemas de nuestro vecino, Guatemala, deberían hacer ocho columnas en los diarios mexicanos, comentó el canciller José Antonio Meade, en una plática con EL FINANCIERO.

Efectivamente, nuestro vecino del sur está sumido en una profunda crisis de gobernabilidad. El Congreso está evaluando la posibilidad de eliminar el fuero del presidente Otto Pérez Molina para ser enjuiciado por acusaciones de corrupción. El curso democrático del vecino está en entredicho, pues la elección para renovar al presidente y al Congreso se encuentra a la vuelta de la esquina, el 6 de septiembre próximo.

¿Por qué llegó Guatemala a esta grave situación?, y ¿por qué estamos tan despreocupados en México por la crisis del vecino?

En el centro del proceso ha estado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) auspiciada por las Naciones Unidas desde 2006, justamente para apoyar al Estado en las investigaciones judiciales. Pérez Molina solicitó en abril pasado la prórroga del mandato de la Comisión. Aparentemente Washington presionó a un presidente renuente a extender el mandato.

El pasado 16 de abril, como resultado de una investigación conjunta entre la CICIG y el Ministerio Público, se reveló un enorme escándalo de defraudación aduanera y contrabando en los últimos años conocido como La Línea, que se abocaba a beneficiar a importadores evadiendo impuestos que introducían bienes al país. A cambio pagaban mordidas que podrían sumar millones de quetzales. El cabecilla de la operación, Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, se dio a la fuga.

Antes de que terminara abril, la indignación popular se vertió en marchas y concentraciones callejeras, con una buena dosis de organización a través de redes sociales. A las concentraciones
-especialmente los sábados en Ciudad de Guatemala y las cinco principales urbes del país- llegan personas de todos los estratos sociales aglutinadas por el hartazgo de la corrupción. En las concentraciones se canta el Himno Nacional y ningún partido político utiliza un micrófono.

La primera cabeza en rodar fue la de la vicepresidenta Baldetti, seguida de otras de personajes muy cercanos a Pérez Molina, como el secretario de Gobernación Mauricio López Bonilla, el secretario de Energía y Minas Erick Archila, la titular de la cartera de Medio Ambiente Michelle Martínez y el director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Juan de Dios Rodríguez con prácticamente toda su primera línea de colaboradores.

“Los guatemaltecos estábamos calientes,” me explica un ilustre político del país vecino quien me pide no ser identificado. “En el sistema de salud había un salvaje deterioro y se empezaron a morir enfermos renales a causa de un contrato anómalo. Entre más se le rasca más salen todo tipo de gusanos que ya todos sospechábamos.”

El presidente Pérez Molina cometió el error de defender lo indefendible, la integridad de su vicepresidenta. Y la indignación llegó hasta él. La semana pasada la Suprema Corte aceptó el trámite por unanimidad para procesarlo por incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Pero es el Congreso el organismo con la prerrogativa de retirarle el fuero. La ley señala que se tienen hasta 60 días para llevar a cabo el desafuero. Sin embargo, el diputado que presidía la comisión pesquisidora, Baudilio Hichos, renunció a la comisión ayer, pues la CICIG y el Ministerio Público lo acusaron de fraude y tráfico de influencias.

La demanda de la calle y del sector empresarial es que se suspenda temporalmente la elección para dar garantías de que el proceso electoral no sirva para lavar superficialmente las culpas. Se quiere llegar hasta las últimas consecuencias: procesar a los responsables y que regresen lo que se robaron.

La democracia guatemalteca instaurada desde 1985 nunca había sufrido una prueba tan dura. La sociedad civil organizada del vecino, más desarrollada incluso que la nuestra, ha puesto en jaque a la clase política. Pero se teme y con razón, que pueda haber inestabilidad. Por eso la Organización de Estados Americanos esta misma semana aprobó una resolución que pide no se trastoque el proceso electoral.

Es paradójico, como señala Meade, que la crisis del vecino del sur esté pasando desapercibida en nuestro país. Ni las élites mexicanas ni los medios parecen tener conciencia de la interdependencia que une a los dos países. Si Guatemala cae en una profunda crisis, en México se resentirán sus repercusiones, especialmente en los estados de Chiapas y Tabasco. En la crisis de 1993, ceca de 50 mil guatemaltecos buscaron refugio en nuestro país.

Nos quejamos a menudo de la negligencia con que Washington suele tratarnos. Sin embargo, la indolencia de México hacia sus vecinos del sur es aún más acentuada, como la actual crisis evidencia.

Twitter@RafaelFdeC

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