Opinión

La prisa de Gil es la prisa del duopolio televisivo

 
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Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa.

En el marco de fuertes presiones para postergar el apagón analógico, el senador Roberto Gil Zuarth presentó una iniciativa de cambios al artículo 19 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca beneficiar a los concesionarios incumplidos y no a los televidentes.

El asunto se remonta a un episodio reciente: la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) infló los datos de los ciudadanos afectados por el apagón en Monterrey y, acto seguido, el presidente del Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, planteó expresamente su demanda de posponer la fecha límite establecida en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional.

Como en nado sincronizado, dos senadores presentaron iniciativas que apoyaban la demanda de Azcárraga: Javier Lozano propuso extender la fecha hasta el 31 de diciembre de 2016, al tiempo que criticó, con razón, la lentitud en el reparto de televisores digitales. Por su lado, Zoé Robledo propuso una prórroga de seis meses y llamó la atención sobre la situación de las televisoras públicas y su carencia de recursos para la transición digital.

La bancada del PRI titubeó para al final plegarse a los cálculos del gobierno: una postergación afectaría otros rubros en el sector y, además, sería la primera reforma peñanietista con una enmienda antes de que siquiera comenzara a operar.

Cuando se acerca la fecha fatal del “apagón”, el senador Roberto Gil propone no un cambio en la Constitución, sino en la ley secundaria, con la finalidad, dice, de que se permita a los “operadores” (palabra que no existe en la ley referida) que transmiten en baja potencia y no hayan conseguido cumplir los plazos, continuar transmitiendo en señal analógica.

Esta propuesta está inevitablemente vinculada al artículo 298 de la misma ley que establece los montos de las infracciones por incumplimiento: de 6.01 a 10 por ciento de los ingresos del infractor que “interrumpa, sin causa justificada o sin autorización del Instituto, la prestación total de servicios en poblaciones en que el concesionario sea el único prestador de ellos”.

Basta una mirada a datos del IFT para advertir que los principales beneficiados de la iniciativa de Gil no serán los medios públicos que aún operan como permisionarios, sino los medios privados que detentan concesiones.

En México existen un total de 717 señales principales de televisión más 907 de las llamadas “señales complementarias” (a las mismas se refiere la iniciativa de Gil cuando habla de baja potencia). Del total de estaciones complementarias, 846 son concesiones (93.27 por ciento) que pertenecen en su mayoría a Televisa y TV Azteca. Es decir, más de 9 de cada 10 estaciones complementarias pertenecen a televisoras privadas.

Del total de 846 estaciones complementarias privadas sólo 67 (es decir, menos del 10 por ciento) operan ya bajo el sistema digital, mientras que 313 están pendientes con una solicitud de migración y el resto operan en señal analógica.

Evidentemente hay que preguntarse por qué los gobiernos estatales y las universidades no hicieron las inversiones necesarias para la transición. Pero eso no debe abrir la puerta para, con el argumento de favorecer a los poquísimos medios públicos se pretenda otorgar más beneficios y reformas legales a la medida de las poderosas televisoras privadas.

La propuesta de reforma del senador Gil obligaría al IFT a “establecer un programa para que la población continúe recibiendo este servicio público de interés general, en tanto los permisionarios inicien transmisiones digitales y/o se alcancen los niveles de penetración”.

Se usa la palabra “permisionarios”, pero al aludir a los “niveles de penetración” se abre la posibilidad de beneficiar a los concesionarios.

Según Gil Zuarth, su iniciativa pretende beneficiar a las estaciones no comerciales y evitar la desaparición de emisoras que dan “pluralidad ideológica” al país. Pero nada en su iniciativa permite suponer que los gobiernos estatales o universidades podrán destinar en uno los recursos que no pudieron entregar a la largo de tres años.

La propuesta de Gil, en resumen, no pretende ser otra cosa sino un servicio más de la telebancada a sus patrones.

Twitter:@Dolores_PL

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