Opinión

La popularidad, la fuerza y la razón

 
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Segob asegura que pronto se terminarán los bloqueos de la CNTE

La aprobación social del presidente y su gabinete está por los suelos. Sólo el 23 por ciento de los ciudadanos aprueba su ejercicio. En 2012 fue electo con el 38 por ciento de los votos. Concediendo que no es lo mismo un ciudadano que vota que un ciudadano que opina, Peña Nieto ha perdido apoyo incluso entre sus propios partidarios. Las razones son varias: la percepción de que encabeza un régimen corrupto, la violencia que no cesa, la economía que apenas crece, las reformas que no dan frutos visibles, la gasolina y la luz al alza.

Se puede decir: un presidente no debe gobernar (como lo hizo Fox) para las encuestas. Gobernar buscando la popularidad es peligroso, puerta fácil al populismo. Se debe gobernar pensando en el largo plazo y no en el aplauso inmediato. Se puede gobernar con un nivel bajo de aceptación. Según un estudio de Parametría, Michelle Bachelet tiene 22 por ciento de aprobación, Francoise Hollande 15 por ciento, Michel Temer en Brasil apenas el 13 por ciento. Peña Nieto tiene el mismo nivel de aceptación que Nicolás Maduro, en una Venezuela cuyos niveles de violencia, corrupción y desabasto superan con mucho a los que tiene México. En su peor momento, Fox gobernó con el 41 por ciento y Calderón con el 38 por ciento, a pesar de la guerra contra el narco y sus devastadores daños colaterales. En contraposición, Macri en Argentina tiene un 56 por ciento de aceptación pese a los aumentos en los servicios básicos y Merkel gobierna con el 59 por ciento con todo y el inmenso problema de los inmigrantes. En la cúspide de la aceptación se encuentra Putin con el 80 por ciento, ejerciendo un modelo de presidencia autoritario. ¿Qué beneficios otorga al gobernante la aprobación? En primer lugar, constatar que las políticas emprendidas van por buen camino; en segundo –quizá más importante–, un impulso social a reformas que, sin apoyo, languidecen y pueden comenzar a revertirse.

Es el caso de la reforma educativa. Comenzó con un diagnóstico correcto: el nivel educativo es muy bajo, en parte por el control que el sindicato tiene sobre los maestros. Se decidió entonces desmontar ese control. Se encarceló a Elba Esther Gordillo como paso previo a la negociación del gobierno con el SNTE para obtener su anuencia a la reforma. El segundo paso no fue tan efectivo: al tener el apoyo mayoritario del SNTE se decidió marginar a la CNTE de las negociaciones de la reforma. De cualquier manera –consideró el núcleo dentro del gobierno que promovió los cambios–, la CNTE no aceptaría ninguna reforma que vulnerara sus “derechos históricos adquiridos”, entre ellos, la herencia y la venta de plazas, y el control del sindicato sobre la promoción de los maestros.

Siguiendo procedimientos democráticos, se aprobó la reforma en el Senado y en la Cámara de Diputados, así como en las legislaturas de los estados y se promulgó la ley. Se cambió de secretario –de Chuayffet a Nuño– para darle impulso a la reforma en su arranque y alta visibilidad política, de cara al 2018, a quien se identifica como su operador. Y es en ese momento, cuando la reforma se utiliza como vehículo de promoción de un candidato, que comienza a salirse de control. La exhibición de Nuño fue el talón de Aquiles que encontró la Coordinadora para golpear e intentar revertir la reforma educativa. Nuño quiso venderse a la opinión pública como aquel que no vacila en aplicar la ley. Su discurso se tornó intransigente. Cero diálogo. Se procedió a encarcelar (en estos días tuvieron que dejarlos libres) a los líderes más visibles, a descontar el sueldo de los maestros faltistas (también en estos días han comenzado a pagar los días que les descontaron), a amenazar con el despido a los maestros que no aceptaran ser evaluados.

Buscando el aplauso de la opinión pública con un discurso de fuerza, Nuño obligó a la Coordinadora a extremar sus posiciones. Volvieron las marchas y los bloqueos. Los maestros disidentes han anunciado que no volverán a clases hasta obtener la derogación de la reforma. No se sabe si para descarrilar la carrera presidencial de Nuño o si fue un ejercicio de mera torpeza en su ejecución, la policía abrió fuego en Nochixtlán contra un bloqueo con el resultado de muertos y heridos que todos conocemos.

La búsqueda de popularidad puede llevar al gobernante a golpes de timón y demostraciones de fuerza que quizá resulten, pero que también, si no tienen éxito, pueden profundizar los problemas. Se pide al gobierno cesar las negociaciones con la Coordinadora y usar la fuerza pública contra los bloqueos. Otro camino es modificar de raíz la política de comunicación del actual gobierno: comunicar con transparencia, rendir cuentas claras, organizar conferencias de prensa con preguntas libres al presidente y su gabinete, y debates con los detractores del gobierno. No la fuerza: la razón. No la intransigencia: el diálogo y el debate.

Twitter:@Fernandogr

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