Opinión

La pluralidad en peligro 

 
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Pluris

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos establece que los partidos son de interés público, entendido éste como el “conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”. ¿Valoramos a los partidos políticos como entes de interés público? ¿Cumplen con las necesidades colectivas de los miembros de la comunidad? ¿Debe otorgárseles recursos públicos?

Aunque su actuación sea por demás cuestionable, su fin establecido en la Constitución es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales, y la ley debe garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señala que se debe garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

La prevalencia de los recursos públicos obedece a un factor de equidad para las minorías, las cuales han hecho que nuestro sistema político sea plural y de alta competencia, además debe servir como un 'blindaje' a las campañas de intereses de poderes fácticos legales y no legales que al financiar campañas y así imponer gobiernos, siempre regresan a cobrar la inversión, ya sea en cuotas de poder, legislación favorable o bien contratos en donde impera todo menos la competencia y la transparencia.

Hoy los partidos políticos, sumidos en el desprestigio y ante el dolor de los diversos fenómenos naturales que dejaron irreparables daños, dan muestras tardías y además inútiles e irresponsables de solidaridad. Buscando salidas a la prohibición expresa de no utilizar los recursos destinados a los partidos políticos en otros fines que no sean de sus actividades diarias y de campaña, y lejos de reflexionar acerca del origen del financiamiento público, la cantidad, su uso y abuso propusieron algunos desde un porcentaje hasta la eliminación total del mismo para “donarlo a la causa”, cuando en principio es dinero de la nación.

Si no lo necesitan ahora, ¿porqué hay en el sentimiento nacional colectivo la idea de que sobrepasan los topes de campaña por demás indignantes en un país en donde cerca de la mitad es pobre? ¿Porqué ahora ante la llamada batalla del siglo en la que se constituye el proceso electoral de 2018? ¿Pueden cubrir con los derechos laborales de las personas que trabajan en sus institutos no como voluntarios? ¿Es que siempre tienen modo de conseguir más? ¿No algunos tienen hasta 'deudas'? ¿De donde pagarán las multas que el INE les impone por saltarse las leyes que ellos mismos aprobaron?

Una sociedad agraviada y apartidista que no percibe a los partidos políticos como un ente de interés público, ¿está dispuesta a financiar las campañas?

La salida de los partidos para aparentar o mostrar solidaridad constituye un riesgo para nuestra democracia; una democracia indignada que recaba más de dos millones de firmas para quitarles 0.13 por ciento del presupuesto a los partidos sin importar el mañana. Si bien el control y la fiscalización son asuntos en los cuales el déficit ha abonado a la indignación nacional, pero la privatización de la política podría resultar en una plutocracia bipartidista legal y no debemos olvidar que la corrupción en campañas es el inicio de la corrupción en el ejercicio de gobierno, la autonomía de los partidos es un fin que nos debe de interesar a todos, hacerlos depender de los poderes de facto profundiza la grave crisis de credibilidad, de transparencia y de autonomía por la que atraviesan.

Por último, la eliminación total de la figura de los plurinominales no sólo a nivel federal, sino también local, atenta en contra de la pluralidad. ¿Qué clase de Congreso queremos? ¿Qué contrapesos institucionales estamos dejando?

Sí, el enojo tiene que ver con los excesos, con el abuso y la opacidad, con la falta de congruencia, con las trampas, con las mentiras. Sí, quisiéramos no darle un peso a los partidos ni al gobierno, pero no es la salida. Sí, el asunto debe cambiar nuestra incapacidad de pensar en que a los problemas estructurales no vamos a salir con soluciones fáciles que atenten contra los logros de nuestra democracia. Son momentos de profundo dolor pero de también de reflexión, levantemos el puño, se necesita silencio.

Twitter: @SamuelAguilarS

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