Opinión

La paradoja de la competencia

En un desplegado que apareció publicado el viernes pasado, América Móvil se duele de la iniciativa presidencial para la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En uno de los apartados de su carta abierta, se pronuncia abiertamente en contra de la facultad que la nueva Ley le concedería al Ifetel para obligarla a otorgar, gratuitamente, los servicios de interconexión de sus redes a favor de sus competidores, todo ello derivado de su calidad de agente preponderante en dicho mercado.

El tema que se toca es relevante, porque bajo el mismo razonamiento se podría cuestionar la validez y procedencia de las medidas que obligan a las televisoras a otorgar su señal en forma gratuita, así plasmado en la reforma constitucional del año pasado en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, o cualquier otra medida que tenga como propósito disminuir la participación de cualquier agente preponderante con relación al funcionamiento de un mercado, cuando así lo dicte el propio Instituto en el ámbito de atribuciones que le ha sido conferido, o la Comisión Federal de Competencia Económica en lo general.

La Constitución consagra derechos humanos y garantías esenciales que tienen que ver con la libertad en materia comercial y, sobre todo, con el derecho que le asiste a toda persona a gozar de una retribución con motivo del intercambio de un servicio. Nadie puede ser obligado a trabajar en forma gratuita para nadie. Como derecho humano, esta prerrogativa constituye un lineamiento primordial de conformidad con el cual toda autoridad debe dictar sus decisiones.

En el contexto de la garantía señalada, consecuentemente, podría aceptarse como válida la premisa de la empresa telefónica al afirmar que no tendría por qué conceder a sus competidoras tarifas de interconexión con valor $0.00, pues ello inhibiría la inversión por parte de otros agentes competidores a los que correspondería, en su propio esquema de negocios, hacer crecer el mercado en la proporción de su propia incursión y participación en la actividad de que se trate.

Lo curioso y paradójico del caso es que la Constitución no puede leerse en forma sesgada como aquí lo proponemos. Es menester que la lectura y comprensión de la Constitución acontezca en forma sistemática y funcional, para que los principios que contempla permitan consolidar la operatividad integral de todo el sistema de normas fundamentales para la consecución de los fines más altos que el Constituyente ha propuesto en la Ley más importante para todos los mexicanos.

Así como existe el derecho humano a la justa retribución, el artículo 28 constitucional, en concordancia con el cual deben entenderse las reformas promulgadas en materia de telecomunicaciones, prohíbe en forma terminante los monopolios y los estancos, e instruye al Estado para perseguirlos y castigarlos, a fin de proteger los principios de libre competencia y concurrencia en los mercados. También se trata de un derecho humano y de una garantía, con la diferencia de que, siendo la libertad de comercio una garantía que tutela derechos del individuo, ésta tutela derechos e intereses de la sociedad.

A todos nos interesa que el funcionamiento de la economía constituya una piedra angular sobre la cual se base el crecimiento del país, pues en función de su solidez podremos alcanzar un estado de bienestar que nos beneficie a todos como un ente colectivo y a cada uno en lo individual, como miembros conformantes de ese conglomerado.

La tesis que analizamos y que fue materia principal del desplegado, deriva de la clara confrontación de principios contenidos en garantías del individuo y garantías de la sociedad. En estas condiciones, ¿qué debe privilegiarse? ¿La subsistencia del derecho a cobrar una contraprestación por el servicio dado, o un nuevo estado de cosas mediante el cual se permita la incursión de nuevos agentes a un mercado que ha sido acaparado mayoritariamente por un solo agente económico?

En el sentido de lo observado por la telefónica, la premisa que ha propuesto significa, palabras más o palabras menos, que debe respetársele el derecho para cobrar sus servicios sin importar la imposibilidad de sus competidores para acceder al mercado, toda vez que si ellos quisieran compartirlo debieran invertir tanto como ella misma. ¿Acaso habrán de tener la misma situación histórica, privilegiada, que permitió la consolidación de su calidad preponderante?

Es dable entonces que la medida prevista en la ley a la que nos venimos refiriendo sea aceptada, porque encuentra su propia tutela en una norma constitucional del mismo rango o nivel jerárquico respecto de aquella que se dice violada. Un punto es crucial, sin embargo, en el momento en que los agentes que se incorporan adquieran la calidad competitiva que es deseable, deberán ellos pagar los servicios de interconexión de la telefónica inconforme en su carácter de auténticos competidores, pues entonces volverá a resurgir, con todo vigor, el derecho fundamental que se dice violado, el de la libertad de comercio.

Así las cosas, en este péndulo que oscila entre las prerrogativas del individuo y las sociales, encaminados estamos en el sendero de la construcción de un régimen constitucional funcional, en un Estado que busca el impulso de una economía sustentable para el beneficio de la gente.