Opinión

La pacificación de México

       
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Protestas contra la violencia contra periodistas. (Cuartoscuro)

La violencia es la divisa de nuestra convivencia. Nos hemos acostumbrado a contar muertos con indolencia, sin indignación ni alarma. Ninguna imagen sorprende: las ejecuciones entre bandas son parte del saldo rutinario del día, el enésimo asesinato de un periodista no convulsiona más allá de su gremio, el número de muertos queda en una estadística que desde hace ya un tiempo no denota la gravedad de la descomposición del tejido social. Jóvenes y niños venden su futuro como sicarios o halcones a cambio de un arma, un poco de dinero o hasta por una sopa instantánea. No tienen mayor conciencia de los riesgos ni mínima empatía fuera de esa red que los ha reclutado.

Padres y madres que hacen justicia o buscan a sus hijos, mientras la autoridad voltea para otro lado y la sociedad cambia de canal. Muy pocos se preguntan por la historia detrás del cuerpo inerte, de la huella de una desaparición o de la tragedia de una fosa. Dejamos de indagar sobre las causas y motivaciones que subyacen a cada delito, a cada manifestación de conflicto y de violencia. El castigo a los autores se ha vuelto cuestión secundaria, casi anecdótica. La protección de las víctimas se reduce a un paliativo monetario a su angustia. La desmovilización y la reintegración de los protagonistas de nuestra conflictualidad, no existen en el diccionario de la crisis. Una sociedad que no ofrece segundas oportunidades para unos y otros. La justicia es sinónimo de un laberinto de cargas y frustraciones, no de verdad y de resiliencia. La vida se banaliza en la impunidad. Perdemos día tras día el sentido del otro en la recurrencia de la barbarie.

El Estado ha perdido el monopolio de la violencia física legítima. Mejor dicho: ese monopolio nunca se ha ejercido de forma plenamente eficaz. El régimen autoritario administraba un precario equilibrio entre diversos oferentes de coacción ilegal. Su monopolio rivalizaba con distintas expresiones de violencia privada. El modo de control social del estadio predemocrático funcionaba a través de la aplicación selectiva de la ley, de los castigos y las recompensas. El régimen aplicaba mano dura o jugaba con los márgenes de impunidad en función de sus necesidades de estabilidad y legitimación. Si bien la transición desmanteló el régimen autoritario en cuanto a la competencia, el pluralismo político y el equilibrio entre poderes, no ha terminado por crear instituciones y capacidades para prevenir, castigar y disuadir las conductas antisociales, para hacer previsibles y probables las consecuencias, para ordenar los derechos y las obligaciones. La procedencia democrática del poder no ha desplazado la contracultura del más fuerte o del más influyente. El derecho se negocia, se vende, se transa. El conflicto permea por las grietas de la corrupción y se agudiza en los hoyos de la impunidad. Nuestra transición se ha quedado en el limbo de lo electoral: en México aún no impera la razón de la ley.

La pacificación de México depende de que el Estado sea siempre más fuerte y más rápido que sus antagonistas. Exige la aplicación de la ley sin distingos ni miramientos. Supone que el Estado se someta a las autorizaciones y límites que definen su órbita de competencia. Esta es, inevitablemente, la receta del largo plazo que define el contenido esencial de eso que llamamos 'Estado de derecho'. Pero en el corto plazo hay tareas urgentes y realizables para estabilizar la grave situación en que vivimos: una aproximación al hecho del consumo de drogas basada no en la criminalización, sino en la reducción de los daños personales y sociales; la reconstrucción del sistema de respuesta al problema de seguridad a partir de incentivos virtuosos a la responsabilidad y a la generación de capacidades efectivas de control social; la racionalización de los mecanismos de intervención del Estado en orden de reducir la contención coactiva y aumentar la atención de las causas eficientes de la violencia y de los delitos; la gestión oportuna de los microconflictos desde la rehabilitación del ámbito local como primer respondiente; la desmovilización de los que hoy viven al margen de la ley porque no les queda otra opción que la cárcel o el cementerio.

Pacificar a México pasa por fortalecer al Estado, desde las rutinas democráticas y el pluralismo, para que monopolice la violencia, pero sobre todo para que sólo la use cuando sea estrictamente necesario. Sólo así seremos un auténtico Estado democrático y, además, de derecho.

* El autor es senador de la República.

Twitter: @rgilzuarth

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