Opinión

La ordeña

 
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[Golpe en ducto de Pemex ocasiona el percance / Cuartoscuro]

Catalogado como un problema de seguridad nacional por altos directivos de la empresa productiva del Estado, Pemex, el robo de combustibles mediante tomas clandestinas en los ductos representa no sólo pérdidas multimillonarias para la otrora paraestatal, sino ingentes ganancias para quienes se dedican a esta ilegal y pujante actividad.

A principios de este año, el subdirector de distribución de Petróleos Mexicanos, Francisco Fernández Lagos, dio a conocer que tan sólo en 2014 se registró la cifra de cuatro mil 127 tomas clandestinas y el daño patrimonial causado ascendió a más de 19 mil millones de pesos, además de la afectación al suministro y el daño a la franquicia Pemex Gasolineras, detectándose también el progresivo empleo de instrumentos y procedimientos más sofisticados para la extracción ilícita del combustible.

Es evidente el incentivo que esta actividad provee a los criminales y obvio también que para su realización requiere de conocimiento especializado, no sólo de ingeniería, sino de los procesos técnicos y del manejo interno, tendido de los ductos, horarios, abastecimientos y administración de los fluidos, disposición, almacenamiento y potenciales compradores para su distribución al consumidor final, generando una red paralela a la actividad legal, pero que, elementalmente, se vale de ella.

Es natural pensar que la extracción no se realiza con la simple horadación del ducto y la colocación de una manguera, ni que el producto extraído se comercialice en expendios rudimentarios. En esta lógica, es obligado pensar en una bien organizada estructura en donde participan empleados o exempleados de la empresa y, desde luego, franquiciatarios que se benefician de la comercialización del producto ilegalmente adquirido, pero también de la fragilidad institucional y normativa para su control, supervisión y sanción.

En este caso se encuentran entidades públicas como la Procuraduría Federal del Consumidor, cuyas facultades sancionatorias son extremadamente limitadas, careciendo en la práctica de herramientas legales sólidas más allá de la imposición de multas ridículas o la inmovilización de instrumentos de despacho en las estaciones de servicio. Inexplicablemente, el Legislativo ha cerrado los oídos a las reiteradas demandas de la propia Procuraduría para que se le dote de atribuciones que le permitan actuar contundentemente. La Profeco carece, por ejemplo, de facultades para realizar auditorías a los sistemas de almacenamiento de las gasolineras, que debiera ser un procedimiento regular y cotidiano que permitiría determinar en qué estaciones pudiera estarse comercializando el combustible clandestino, mediante la verificación de sus adquisiciones, ventas e inventarios en depósito.

Quizá la explicación de tal falta de interés radique, precisamente, en algún tipo de conflicto de interés, pues es bien sabido que uno de los negocios preferidos de nuestra clase política es curiosamente el de las gasolineras.

Un elemento adicional, nada despreciable, es la fuerza y capacidad de influencia que las organizaciones de gaseros y gasolineros han adquirido, en las cuales, obviamente, deben aglutinarse tanto empresarios honestos, como aquellos que participen en prácticas ilegales y que se benefician de la protección gremial.

El problema de la ordeña, como se observa, no es sólo un asunto de hurtos a Pemex, esta actividad criminal tiene implicaciones ciertamente económicas, pero no menos políticas, legales y sociales, desde el seno mismo del diseño institucional que no ha sido considerado en las reformas estructurales y que en breve se enfrentará a la competencia privada.

Twitter: @anahuac.mx

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