Opinión

La nueva narrativa del gobierno de Peña


 
Los estrategas del gobierno de Peña entienden bien que percepción es realidad.
 
 
Al menos lo es en el sentido de que las decisiones de inversión dependen en alto grado de la percepción que los empresarios tienen respecto al futuro de la economía.
 
Construir la imagen de un México que está en curso de cambiar y sentar las bases para un crecimiento sostenido en el largo plazo es una de las tareas que se han planteado como prioritarias este año en la administración de Peña.
 
Las bases para crear esta narrativa existen. Se trata de la secuencia de reformas constitucionales que han creado un nuevo entramado jurídico y que eventualmente cambiarán las reglas del juego en aspectos esenciales de la vida social, económica y política de México.
 
 
El sentido fundamental de estos cambios es el incremento de la productividad media en el país, esa que ha venido retrocediendo a lo largo de los últimos 30 años.
 
 
Le hemos comentado en este espacio que las decisiones de inversión visualizan el futuro. Si se percibe una expectativa de crecimiento sostenido, se habrá de propiciar un cúmulo de inversiones. Si existiera una elevada incertidumbre, sólo algunos arriesgados invertirían. Si la expectativa fuera de estancamiento o retroceso, serían muy pocos los que arriesgarían su dinero.
 
 
Al crearse una nueva narrativa que ponga el énfasis en el potencial de crecimiento de México en el mediano plazo, se tratará de propiciar un elevado flujo de inversiones, que haga autorrealizable la expectativa al crear un círculo virtuoso: la atracción de inversión que potenciaría el crecimiento y éste generaría a su vez mayores oportunidades de inversión.
 
 
Me parece que la estrategia está bien diseñada si logra transmitir que lo que el gobierno y el Congreso han establecido con las reformas es apenas la posibilidad, subrayo, la posibilidad, del crecimiento sostenido.
 
Para que éste se dé, se requieren dos momentos más que deben atenderse aún con más cuidado que las propias reformas constitucionales.
 
 
El primero es la construcción de las leyes secundarias, notoriamente en energía y telecomunicaciones.
 
Será el contenido de esas leyes lo que finalmente defina la nueva estructura legal en la que funcionará la economía.
 
Dice el viejo dicho que el diablo está en los detalles y esa legislación es la que los contendrá.
 
Y el otro momento crucial será cuando los cambios legales se conviertan en procesos específicos.
 
 
Por ejemplo, en el ámbito de las telecomunicaciones se requiere que se llegue al punto en el que aparezcan nuevos competidores en la industria y que se ofrezcan servicios de mejor calidad y a menor precio.
 
En el ámbito financiero, también se requiere que la aplicación del marco legal ya reformado conduzca a una intensificación de la competencia entre intermediarios.
 
En el caso de la energética, luego de que el paquete de cambios en las leyes pase por el Congreso, también se va a requerir un aterrizaje en licitaciones de bloques y en la transformación interna tanto de Pemex como de la industria petrolera que dependerá de decisiones ejecutivas, regulaciones y prácticas.
 
Este año, lo más probable es que tengamos un crecimiento que va a depender en gran medida de la suerte de la economía de Estados Unidos.
 
Si no hay turbulencias excesivas y si la economía norteamericana se recupera más pronto, entonces es probable que podamos tener un crecimiento incluso de 4 por ciento en el segundo año de gobierno, lo que promediaría probablemente un mediocre 2.55 por ciento para los primeros dos años de Peña.
 
La cosecha de las reformas estructurales aparecería hasta la segunda mitad del sexenio y más claramente hasta el siguiente sexenio.
Cuando se narre la expectativa del país, deben quedar claros los “if” que aún existen y los tiempos que deben transcurrir.
 
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