Opinión

La nueva medición
de la delincuencia

   
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Cada vez es más difícil que la gente quiera declarar cuál es su ingreso por el aumento de la delincuencia. (Pixabay)

En 1929, la International Association of Chiefs of Police –una organización estadounidense, a pesar de su nombre– identificó la necesidad de contar con cifras confiables y comparables en torno al fenómeno delictivo. Un año después, el FBI asumió la responsabilidad de concentrar y publicar la estadística delictiva que desde entonces reportan, de forma uniforme, miles de departamentos de policía en Estados Unidos (actualmente más de 18 mil). Las cifras que publica el FBI incluyen, en primer lugar, los “delitos que son del conocimiento de las instituciones de seguridad”. Sin embargo, el FBI también cuenta con bases de datos en materia de ataques contra agentes policiales; de delitos de odio y, lo más importante de todo, detenciones. Estas cifras permiten saber, por ejemplo, que en 2016, en California, fueron detenidas un millón 118 mil 712 personas, que 19.6 por ciento de las detenciones fue por delitos relacionados con drogas y que 5.3 por ciento de los detenidos fueron menores de edad (en realidad, las estadísticas que publican el FBI y otras agencias norteamericanas de seguridad son mucho más detalladas de lo que sería posible explicar en esta columna).

La tradición norteamericana de recopilar y publicar datos serios en materia delictiva ha permitido elaborar estudios rigurosos y fascinantes, que además contribuyen a mejorar la toma de decisiones. Por ejemplo, ha permitido documentar la relación entre la legalización del aborto y la disminución de algunos delitos, o el efecto que distintas sentencias y prácticas en los juzgados y en los penales tienen sobre la reincidencia. Desafortunadamente, los hallazgos que se desprenden de dichos estudios sólo son extensivos de forma muy aproximada a otros países.

Menciono lo anterior porque, en diciembre de 2014, el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó que se estableciera una nueva metodología para el registro y reporte de la incidencia delictiva. Tres años después (la semana pasada), la nueva metodología fue presentada a académicos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios. Para quienes creemos que el análisis empírico es el camino para tomar mejores decisiones en materia de seguridad, la nueva metodología reviste la mayor importancia.

Hay algunas buenas noticias. La principal, que tendremos información más desagregada. Contaremos con cifras de víctimas por género y para menores de edad. También se desagregarán algunas categorías delictivas que hasta ahora sólo se presentaban de forma demasiado general. En particular, se pondrá un poco de orden en ese cajón de sastre que actualmente acumula, bajo el paraguas de 'otros delitos', una tercera parte de los reportes (de ahora en adelante habrá 'otros homicidios o delitos que atentan contra la vida', 'otro tipo de secuestros', 'otro tipo de delitos sexuales', 'otros delitos contra la libertad personal', 'otros delitos contra la familia', 'otros delitos contra el patrimonio' y 'otros delitos contra la sociedad').

Algo preocupante es que las procuradurías y fiscalías de los estados todavía tendrán que clasificar los delitos de tres formas distintas: con base en la nueva metodología, con base en una norma técnica que emite el Inegi, y de acuerdo con sus respectivos códigos penales. Finalmente, cabe señalar que, por los tiempos –ya de lleno electorales–, la nueva metodología levanta suspicacias: la reclasificación de delitos implicará una reducción artificial de la tasa de homicidios dolosos, situación que podría ser aprovechada por políticos poco escrupulosos con fines propagandísticos.

Con todo y los asegunes de este esfuerzo, es justo reconocer que se registran algunos avances: hoy tenemos mejor información que hace diez o veinte años, en relación con los delitos que se denuncian (y gracias a las encuestas del Inegi, también tenemos una idea mucho más clara sobre el universo de los delitos que ocurren).

Sin embargo, todavía estamos muy lejos de contar con elementos suficientes para hacer un análisis empírico serio de políticas delictivas. Ni el SESNSP ni las procuradurías de los estados presentan datos detallados sobre lo que pasa después de que los delitos se cometen, incluyendo las detenciones. Ciertamente, el Inegi genera cada año un Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal. Sin embargo, basta hacer una breve exploración de las cifras para constatar que cada procuraduría reporta la información como mejor entiende, al grado que las cifras son prácticamente inservibles (me atrevería a decir que sería mejor no publicarlas). Por ejemplo, para todo 2016, Jalisco reportó dos mil 163 'inculpados o imputados'; Nuevo León, un estado con menos población, reportó una cifra 37 veces mayor. Es claro que los dos estados entienden algo diametralmente distinto por 'inculpado o imputado', o peor, que al funcionario responsable en alguno de los dos se le hizo fácil inventar un número.

En México incluso las experiencias exitosas (que las hay) se desdibujan, pues no es posible identificar con claridad de dónde vino la mejora. Es una lástima, pues generar datos de calidad es una medida que no supondría un costo presupuestal significativo (y que en el largo plazo nos podría ahorrar recursos millonarios y sufrimiento innecesario). Sin embargo, ha faltado convicción por parte de los gobernadores, de los procuradores y los fiscales. No hay que olvidar que, si hoy tenemos mejores cifras que antes, es principalmente porque la sociedad civil las ha obtenido a regañadientes.

Twitter: @laloguerrero

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