Opinión

La nueva Constitución de la Ciudad de México

 
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CDMX

La atención que ha generado la nueva presidencia de Donald Trump opacó la promulgación de la nueva Constitución de la Ciudad de México. No sólo el evento que ocurrió el 5 de febrero, sino la larga discusión que ocurrió durante varias semanas, notoriamente a lo largo de enero.

La versión aprobada es un mejor producto (o menos riesgoso) que la propuesta original elaborada por un grupo de 'notables' cuyo trabajo dejó mucho que desear por la proliferación de retórica, propuestas inviables, poesía cursi metida en un cuerpo constitucional y porque no hubo un ejercicio responsable de edición y de análisis. Algunos de los integrantes se deslindaban en privado de lo que llamaban un bodrio constitucional, pero nadie hizo pública su crítica.

Según análisis de Integralia, algunos aspectos positivos de la nueva Constitución son la ampliación 'acotada' de derechos humanos: derecho a la muerte digna; a una alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y de calidad; a erradicar las desigualdades estructurales y la pobreza; a cualquier forma de comunidad familiar; al matrimonio igualitario; al uso de la marihuana con fines médicos, entre otros. Que existan en el texto no garantiza su cumplimiento, pero establece una visión de gobierno y estándares para su eventual observancia. La propuesta original contenía más de 10 mil palabras en su catálogo de derechos, entre ellos a una renta básica universal que quedó fuera del texto aprobado.

Otro aspecto positivo es el énfasis en la participación ciudadana, aunque nuevamente, que haya canales de participación no significa que se usen por una ciudadanía muchas veces apática. La Ciudad de México fue una de las primeras entidades del país en contar desde los años noventa con legislación para fomentar la participación ciudadana y, sin embrago, salvo las marchas y los plantones, las formas de participación organizada han sido escasas.

La nueva Constitución establece mecanismos de democracia directa con requisitos en algunos casos más bajos que aquellos a nivel federal y en la mayoría de las entidades. Habrá iniciativa ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta ciudadana y popular. Se aprobó la revocación de mandato —una figura que presenta mayores riesgos que beneficios por la fuerza de chantaje que genera en los partidos opositores—, aunque hay candados para solicitarlo (10 por ciento de la lista nominal) y requisitos de procedencia y convocatoria. En el caso de las candidaturas sin partido el requisito de firmas es de uno por ciento de la lista nominal de electores —a nivel nacional es dos y de tres en muchas entidades.

Las alcaldías sustituyen a las delegaciones y se promete que eso acercará al gobierno con sus gobernados. Que haya ayuntamientos con regidores en el resto del país no ha garantizado mejores gobiernos ni que sean más honestos. Con frecuencia el cabildo —que debe ser contrapeso de los presidentes municipales— actúa de forma clientelar para allegarse beneficios y deja de cumplir su función de vigilancia. Que las alcaldías cuenten con un concejo electo que supervise y evalúe las acciones de gobierno no significa que ocurra. De hecho, uno de los grandes problemas de la CDMX es que la Asamblea Legislativa ha abdicado de su función de control legislativo y de garantizar un uso honesto y eficaz de los recursos presupuestarios. ¿Por qué los concejos de las alcaldías habrían de funcionar mejor?

Otro aspecto positivo de la nueva Constitución es el Instituto de Planeación Democrática que establecerá un sistema de indicadores que permitan fijar metas en el presupuesto anual y evaluar la garantía de su cumplimiento. Será esencial para una planeación ordenada de largo plazo.

Una medida innovadora son las acciones por omisión legislativa que podrán promover ciudadanos que reúnan cinco mil firmas, además del jefe de gobierno, los órganos autónomos y el fiscal general. Si hay litigios estratégicos promovidos por organismos civiles, esta es una llave que puede ser muy eficaz para combatir la impunidad del Congreso local y someter a cuentas a los legisladores.

Finalmente, está la acción de protección y efectividad de derechos para garantizar acceso a la justicia pronta y expedita para las personas de recursos escasos o en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Según Integralia, algunos riesgos del nuevo ordenamiento constitucional son la falta sustento presupuestario para los derechos planteados en la Constitución, o la posibilidad de un dispendio de recursos públicos por parte de los alcaldes. De igual forma, la implementación del texto constitucional queda supeditada a la legislación secundaria en la materia (en la Asamblea Legislativa los partidos Morena y PRD tienen mayoría de 56 por ciento). El Congreso local tiene hasta el 31 de diciembre de 2020 para adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México. Si en la Constitución no lograron introducir muchas figuras 'progresistas', pueden intentarlo por la puerta de la legislación secundaria.

Twitter: @LCUgalde

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