Opinión

La negociación de las leyes petroleras

26 noviembre 2013 5:2

 
¿Debe acordarse primero la legislación secundaria y luego votarse la reforma constitucional o al revés?
 
Esa disyuntiva podría estar planteándose en el ámbito de la reforma energética.
 
 
Me explico.
 
 
Le he comentado en este espacio el papel tan relevante que tiene actualmente el Partido Acción Nacional para el gobierno.
 
 
Bajo la premisa de que la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 27 y 28 de la Constitución en materia de energía, cuenta con el respaldo del PRI y del PVEM, la aritmética electoral deja ver que se requieren los votos del PAN para conseguir la mayoría calificada para poder pasar esa reforma en el Congreso.
 
Además de imponer un conjunto de condiciones en materia de la reforma político-electoral, el PAN también quiere obtener algunos cambios en los términos de las leyes secundarias que darán concreción a la reforma energética.
 
 
El elemento de mayor trascendencia entre los que se han puesto sobre la mesa es el relativo a considerar a las “licencias” como una de las fórmulas de los contratos que se pondrían en juego.
 
 
El PAN sabe que la reforma constitucional que puede acordar con el PRI no puede incluir el término “concesiones”, como propuso en su iniciativa.
 
 
El tema es que lo que contengan las leyes secundarias debe ser consistente con la redacción del artículo 27 en los términos que estaba en la ley de 1940 y que prohíbe las concesiones.
 
 
Lo que sí cabe es otra figura jurídica: las licencias.
 
 
La limitante es que no permitirían la inscripción directa de las reservas que una empresa descubra, como parte de los activos de ésta.
 
 
Lo que sí sería posible de manera más clara es que en las notas a los estados financieros se pudieran anotar los flujos esperados de recursos derivados de los hallazgos realizados.
 
 
Esto último también puede hacerse en un esquema de utilidad compartida.
 
 
De hecho a lo que apuntaría una negociación de las leyes secundarias es que, con exclusión de las concesiones, se pudieran considerar diversas fórmulas de participación de las empresas privadas.
 
 
Luego de las filtraciones de esta negociación, el PAN y los funcionarios gubernamentales saben, que cualquier acuerdo debe mantenerse bajo la más estricta reserva pues lo único que se dictaminará en este periodo es la reforma constitucional.
 
Nadie podrá probar que se pretende llegar más allá de lo propuesto por la sencilla razón de que no hay ninguna propuesta formal para la legislación secundaria, lo que da espacio para buscar esa diversidad de opciones de contrato acordes con la reforma constitucional.
 
Para nadie es un secreto que aun si se logra sacar adelante el cambio constitucional, el factor determinante de la inversión en la industria será la calidad de la legislación secundaria.
 
 
Y aquí el tema es que realmente se pueda atraer capital con esquemas legales que resulten seguros y claros.
 
 
Si, a pesar de la reforma constitucional, quedan lagunas y ambigüedades en el marco legal, entonces no será funcional el cambio.
 
 
Si se insiste en llegar a un acuerdo básico sobre la legislación secundaria, entonces los siguientes días van a ser de mucho trabajo para panistas y responsables del área de energía del gobierno.
 
El fin del Pacto
 
 
Por cierto, que luego de lo ocurrido el fin de semana en la Asamblea del PRD, puede empezar a correr la cuenta regresiva para decretar el fin del Pacto por México, salvo algún milagro.
 
 
La llegada a la presidencia del PRD de Carlos Navarrete va a ser ya sin Pacto, pues la dirigencia se verá obligada a cumplir con el dicho de que si se vota la reforma constitucional en energía, el PRD saldrá del Pacto.
 
 
Habrá durado este acuerdo poco más de un año y habrá sido uno de los inventos más productivos del sistema político mexicano en las últimas décadas.
 
 
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