Opinión

La muy mexicana versión del estado de derecho

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ME. Riva Palacio: La casa de Videgaray.

Uno de los principios fundamentales de un estado constitucional moderno es el principio liberal, entendiendo como tal, la delimitación clara del ejercicio del poder frente al ciudadano y también frente al poder mismo. Es en este contexto que se engloba como freno a la acción de la autoridad a los derechos humanos que protegen los valores jurídicos fundamentales del ser humano, pero también engloba dicho principio la llamada división de poderes que –en teoría- garantizan que ninguna autoridad concentre poder excesivo en detrimento de las libertades en un estado. Dentro del principio liberal, uno de los puntos fundamentales es la correcta delimitación de las atribuciones de la autoridad por la ley, y en caso de incumplimiento, en el otorgamiento de procesos jurídicos y legales bastantes para lograr una defensa de dichos derechos por parte de los particulares –sean personas físicas o privadas-. Esto debiera traducirse en la instrumentación total de un “estado de derecho” que garantice la sana convivencia social y el desarrollo económico. Sin embargo, en México el principio liberal constitucional, sólo existe en el papel, ya que recientes decisiones del gobierno federal evidencian la falta de compromiso y de entendimiento de esta aspiración constitucional. En pasados días, el Presidente de la República salió al paso de quienes cuestionan el conflicto de interés en que se pueden verse involucrados él, su esposa y su secretario de hacienda. Y su estrategia denota una falta de continuidad respecto a las promesas de campaña y programas de gobierno, ya que el haber revivido la Secretaría de la Función Pública que parecía estar destinada a desaparecer, se interpreta por muchos analistas como la necesidad de dar una respuesta a los conflictos de interés denunciados…pero todo bajo control. Es verdad que el hecho de que el Ejecutivo Federal hable de manera abierta del tema, puede ser un adelanto, pero los cánones internacionales en la materia hablan de que este tipo de investigaciones deben realizarse por autoridades independientes de quien se investiga. En este caso, el principio liberal de división de poderes ha quedado supeditado al interés político de la apariencia de efectividad, algo que por lo menos, se presta a la desconfianza y a la suspicacia ciudadana. Esta forma de manejar la legalidad se extiende a muchas áreas del quehacer gubernamental, lo que es un síntoma de subdesarrollo y subordinación de la ley a los intereses políticos y de grupo. No se entiende la forma en que –sin ningún tipo de observancia de las disposiciones jurídicas- el gobierno federal ha cancelado licitaciones que se habían llevado a cabo conforme a derecho simplemente por razones de tipo político o de imagen. Parece no existir en la mente de la autoridad una visión prospectiva de lo que estas decisiones afectarán al desarrollo económico y social del país. Es de esperarse que las inversiones y otras decisiones económicas, pasen por el tamiz del respeto al estado de derecho, que da una seguridad a quienes deciden contribuir al desarrollo de una economía y que es sin lugar a dudas, uno de los factores que determinan la decisión sobre el lugar en que habrá de invertirse. El problema es que el estado de derecho no se forma sólo por buenas intenciones o anuncios estruendosos. No. La legalidad se debe volver una forma de vida y los primeros en respetarla son los que deben de imponerla, es decir las autoridades. Sin embargo, en México no se vislumbra esta comprensión y es ahí, dónde se encuentra la semilla de nuestro atraso y subdesarrollo. Pero a nadie parece importarle y por eso, continuamos en la simulación y la falta de compromiso. Las consecuencias, están a la vista.

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